México enfrenta retos en materia de Estado de Derecho, un concepto que contempla el cumplimiento de las leyes, los límites al poder público, el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales.
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México del World Justice Project, el promedio nacional de las 32 entidades es de 0.41 sobre una escala de 0 a 1. Entre los factores evaluados se encuentran los límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
El deterioro de estos indicadores puede tener efectos en situaciones de la vida cotidiana. Entre ellos se encuentran mayores dificultades para resolver conflictos legales, obstáculos para acceder a mecanismos de justicia y problemas en la aplicación de regulaciones.
La medición también señala áreas relacionadas con la confianza en las instituciones. En justicia civil, por ejemplo, el promedio nacional es de 0.37, mientras que el factor de justicia penal registra 0.36.
El Estado de Derecho también se relaciona con la seguridad, la protección de derechos, la transparencia gubernamental y la posibilidad de que las instituciones actúen conforme a las normas.
Por ello, los cambios en estos indicadores no se limitan al ámbito político o institucional, sino que pueden reflejarse en la manera en que las personas enfrentan trámites, conflictos, denuncias, procesos judiciales y relaciones con las autoridades.
