La senadora estatal demócrata L. Louise Lucas enfrenta cargos federales por presuntamente encabezar una red dedicada a la distribución de marihuana y al lavado de dinero, informó este jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De acuerdo con las autoridades federales, una acusación formal presentada ante un gran jurado señala a Lucas y a otros seis implicados por su presunta participación en una estructura delictiva relacionada con la distribución de cannabis, operaciones financieras ilícitas, fraude y otros delitos.
La investigación sostiene que la legisladora, de 82 años, habría coordinado actividades para adquirir y distribuir al menos 100 kilogramos de marihuana, además de supervisar el lavado de recursos obtenidos mediante estas operaciones.
Según el expediente, Lucas habría utilizado su posición como presidenta del Comité de Finanzas y Asignaciones del Senado de Virginia para proteger las actividades comerciales investigadas e impulsar decisiones legislativas que beneficiaran al negocio.
Entre las personas señaladas se encuentran dos hijas de la senadora, su nieto y otros colaboradores vinculados con empresas relacionadas con la comercialización de productos derivados del cannabis.
Las autoridades también investigan presuntas irregularidades financieras y posibles actos de soborno relacionados con la obtención de licencias comerciales para la venta de marihuana recreativa.
El caso se hizo público en mayo de 2026, cuando agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) ejecutaron órdenes de registro en las oficinas de Lucas, ubicadas en Portsmouth, Virginia, así como en establecimientos comerciales vinculados con la venta de productos de cannabis.
Durante esos operativos, los agentes reportaron el aseguramiento de marihuana y armas de fuego en dos establecimientos. Las diligencias formaron parte de una investigación federal que derivó en la presentación de los cargos anunciados este jueves.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Lucas se entregó a las autoridades tras darse a conocer la acusación formal. El caso incluye señalamientos por conspiración para cometer delitos, distribución de drogas, lavado de dinero, fraude y posesión de armas relacionada con actividades de narcotráfico.
La senadora ha ocupado un escaño en el Senado de Virginia desde 1991 y, desde 2020, se desempeña como presidenta pro tempore de esa cámara legislativa.
Hasta el momento, los señalamientos forman parte de un proceso judicial en curso. El Departamento de Justicia recordó que una acusación formal no constituye una declaración de culpabilidad y que las personas señaladas conservan la presunción de inocencia mientras no se demuestre su responsabilidad ante un tribunal.
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