En la costa sur de Perú, regiones como Ica han pasado de ser extensiones áridas a zonas de cultivo intensivo en las últimas tres décadas. Esta evolución se atribuye a la implementación de técnicas de riego y a reformas económicas iniciadas en los años noventa.
El proceso comenzó durante el gobierno de Alberto Fujimori, quien impulsó medidas para liberalizar la economía tras periodos de inestabilidad financiera. Estas incluyeron la reducción de aranceles y la atracción de inversión extranjera, lo que facilitó la entrada de capital en el sector agrícola. Inicialmente enfocado en minería, el modelo se extendió a la producción de frutas como espárragos y mangos, que requieren suelos fértiles pero escasos en agua.
La escasez hídrica representó un obstáculo principal en estas áreas, donde la precipitación anual es inferior a los 10 milímetros. Para superarlo, se adoptó el riego por goteo, un sistema que distribuye agua directamente a las raíces de las plantas, minimizando pérdidas por evaporación. Este método, combinado con la construcción de reservorios y pozos, permitió irrigar miles de hectáreas previamente improductivas. Además, el clima costero, con niebla frecuente y temperaturas estables, funciona como un regulador natural, similar a un invernadero, que favorece el crecimiento de cultivos no tradicionales.
Las exportaciones agrícolas peruanas registraron un aumento anual promedio del 11% entre 2010 y 2024, alcanzando los 9.185 millones de dólares en ese año. Perú se posicionó como el principal proveedor mundial de uvas de mesa y arándanos, con envíos a mercados como Estados Unidos y Europa. El sector contribuyó con el 4,6% del producto interno bruto en 2024, frente al 1,3% en 2020. Esta expansión generó empleo formal en zonas rurales, elevando los ingresos promedio de los trabajadores en comparación con décadas anteriores.
César Huaroto, economista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, explica que la fertilidad de la tierra se activa con el acceso al agua, lo que transformó el paisaje desértico en campos cultivados. Sin embargo, el crecimiento también implicó la concentración de tierras en manos de grandes empresas, que invirtieron en tecnología y obtuvieron permisos para extraer agua de acuíferos. Pequeños agricultores independientes enfrentan costos más altos por el riego y la mano de obra, lo que ha llevado a algunos a vender sus propiedades o a integrarse como empleados en operaciones mayores.
En Ica, la demanda de agua ha profundizado la competencia entre usuarios. La Autoridad Nacional del Agua regula los permisos, pero inspecciones revelan excavaciones no autorizadas en fincas grandes, que acumulan reservas en piscinas. Antes, el agua subterránea se obtenía a cinco metros de profundidad; ahora, se requiere perforar hasta 15 metros. Charo Huaynca, activista local, indica que las comunidades dependen de cisternas, mientras las exportaciones priorizan volúmenes elevados para cultivos como la uva, compuesta en gran parte por agua.
Ana Sabogal, experta en ecología vegetal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que el modelo actual genera divisas, pero cuestiona su viabilidad a largo plazo. El agotamiento de acuíferos amenaza los ecosistemas locales y el abastecimiento para la población. Estudios estiman que el consumo hídrico para exportaciones supera las recargas naturales anuales en la región, lo que podría requerir ajustes durante periodos electorales.
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego supervisa proyectos de irrigación, pero las disputas persisten. En 2024, el área cultivable se amplió en un 30%, impulsada por variedades genéticas resistentes, como el arándano introducido en 2008. A pesar de los beneficios económicos, el equilibrio entre producción, equidad y sostenibilidad sigue en debate entre autoridades, productores y residentes.
