Colectivos de personas trans se manifestaron el 1 de septiembre frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para exigir que el asesinato de Paola Buenrostro sea reclasificado como transfeminicidio.
La movilización ocurrió después de que Arturo “N”, detenido por su probable responsabilidad en el asesinato de Buenrostro ocurrido en 2016, fuera presentado ante un juez. Durante la audiencia, se determinó que la detención fue legal; sin embargo, el proceso continuó bajo la clasificación de homicidio.
Activistas señalaron que las autoridades no reconocieron la identidad de género de Paola Buenrostro durante el procedimiento y solicitaron que el caso sea investigado con perspectiva de género. También pidieron la salida de Brenda Bazán, titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio.
Durante la protesta, integrantes de colectivos ingresaron a instalaciones de la Fiscalía de Feminicidios, donde realizaron pintas y ocasionaron daños. La activista Victoria Sámano denunció agresiones contra ella y otras integrantes por parte de elementos de la Policía de Investigación.
Ante las manifestaciones, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que buscará que el delito sea reclasificado como feminicidio. La institución explicó que la orden de aprehensión se obtuvo en 2016, cuando la legislación no contemplaba el transfeminicidio como delito.
El caso de Paola Buenrostro ocurrió en 2016 y posteriormente fue reconocido como transfeminicidio por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En 2024, el Congreso capitalino aprobó reformas para incorporar el transfeminicidio al Código Penal local mediante la denominada Ley Paola Buenrostro.
La Fiscalía indicó que continuará con el proceso judicial y que solicitará la reclasificación correspondiente ante el juez que lleva el caso.
