El gobierno de Trinidad y Tobago apoyó públicamente las operaciones militares estadounidenses dirigidas a interceptar embarcaciones sospechosas de traficar drogas en el sur del Caribe, una postura que escaló tensiones con Venezuela y afectó relaciones económicas entre ambos países.
El Ejecutivo trinitense justificó su respaldo en la necesidad de enfrentar redes de narcotráfico que, según autoridades locales, han contribuido a homicidios y desorden en la isla. La primera ministra Kamla Persad-Bissessar expresó respaldo a las acciones y pidió coordinación internacional para combatir el tráfico de drogas.
En las últimas semanas, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques navales y aéreos contra embarcaciones identificadas por Washington como vinculadas al tráfico de estupefacientes; el gobierno de Estados Unidos informó que esas operaciones causaron la muerte de personas a bordo y que forman parte de una campaña mayor contra carteles transnacionales.
Caracas reaccionó retirando autorizaciones relacionadas con proyectos energéticos y advirtió sobre posibles represalias si Trinidad y Tobago facilitaba o permitía despliegues militares en sus aguas o puertos. El gobierno venezolano también movilizó efectivos y calificó las acciones como una amenaza a su soberanía.
La presencia de buques y personal militar de Estados Unidos en el puerto de Puerto España y ejercicios conjuntos planificados elevaron la preocupación pública en la región sobre la estabilidad y la seguridad marítima, además de generar consultas sobre la legalidad de las intervenciones en aguas internacionales.
Organismos regionales y representantes de otros gobiernos caribeños expresaron desacuerdo con el uso de fuerza letal en interdicciones marítimas y solicitaron que las acciones se apeguen a marcos legales internacionales que prioricen la detención y el procesamiento judicial de presuntos traficantes. En Trinidad y Tobago, la decisión del Ejecutivo suscitó debate público sobre riesgos políticos y económicos derivados del alineamiento con la estrategia estadounidense.
Representantes del sector energético señalaron que la suspensión de acuerdos con Venezuela podría afectar suministros de gas y proyectos de producción, mientras que autoridades de defensa comunicaron medidas de precaución para proteger instalaciones e infraestructuras nacionales.
La situación mantiene la atención diplomática en la región y plantea interrogantes sobre cómo compatibilizar acciones de seguridad transnacionales con mecanismos de cooperación y respeto a la soberanía de los Estados involucrados. Las autoridades de Trinidad y Tobago y de Venezuela informaron que seguirán canales bilaterales y multilaterales para tratar el impasse.
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