El Instituto Nacional Electoral (INE) elabora un plan de 11 años para introducir el voto electrónico en México, con una meta de finalización en 2036. La estrategia se ubica en la etapa de evaluación de viabilidad y planificación, y busca establecer una plataforma tecnológica alineada con los principios de certeza, legalidad e imparcialidad, junto con requisitos de seguridad, usabilidad y confianza pública.
El desarrollo se organiza en etapas de corto, mediano y largo plazo, con participación de las áreas técnicas del INE bajo la supervisión de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. En caso de que el Congreso incluya directrices específicas en la próxima reforma electoral, el cronograma podría ajustarse para acortar los plazos.
La Constitución actual restringe al INE a experimentos piloto, ya que no autoriza el voto electrónico a escala nacional. Los esfuerzos iniciales se centran en dos áreas: la expansión del voto por internet para mexicanos en el extranjero y la introducción de urnas electrónicas en votaciones anticipadas, particularmente para personas con discapacidad o limitaciones de movilidad.
El plan considera varios modelos, como el voto presencial con dispositivos electrónicos, el voto remoto mediante el Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI) y opciones híbridas. Se examinarán elementos técnicos, normativos, sociales, culturales y económicos, además de experiencias de otros países. Se definirán operaciones, protocolos de seguridad, sistemas de supervisión y soporte al usuario.
Entre los efectos previstos para el INE figuran la disminución de gastos en casillas y materiales, el aceleramiento en el escrutinio de votos y la reducción de inconsistencias operativas. Para los electores, se anticipan periodos extendidos de votación, menor tiempo de desplazamiento y un menor consumo de recursos como el papel.
La estrategia abarca dos ciclos presidenciales antes de su madurez completa. Para 2036, el INE programó una revisión exhaustiva que determinará si se adopta de forma permanente o se modifica el enfoque.
La implementación depende de resoluciones legislativas. Sin enmiendas constitucionales que lo validen en todo el territorio, los progresos se mantendrán en pruebas controladas. Una aprobación congresional aceleraría el proceso, aunque requeriría abordar posibles cuestionamientos sobre su validez.
El tema del voto electrónico en México combina aspectos operativos y políticos. Implica evaluar si se adopta un sistema digital para ampliar el acceso al sufragio o se conserva el método de boletas y urnas tradicionales.
En elecciones pasadas, como las de 2021-2022, se probaron modalidades electrónicas en 50 casillas de Aguascalientes y Tamaulipas, en distritos específicos.
