La administración de Estados Unidos revocó las visas de más de cincuenta políticos, empresarios y funcionarios públicos mexicanos, incluidos algunos pertenecientes al partido en el poder, como parte de una estrategia orientada a endurecer la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico y corrupción. La medida fue confirmada el 14 de octubre de 2025 por el Departamento de Estado, que señaló que la decisión se basó en la aplicación de la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual permite negar o retirar visas a personas que puedan representar riesgos para la política exterior de EE. UU. Entre los señalados se encuentran figuras con cargos estatales y municipales, así como exfuncionarios relacionados con contratos públicos y obras de infraestructura. La lista completa no fue difundida oficialmente por motivos de confidencialidad.
Entre los afectados se menciona a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien emitió un comunicado rechazando cualquier implicación con actividades ilícitas y calificando la medida como una acción que “carece de sustento legal verificable”. En la lista también figuran funcionarios de los estados de Sinaloa, Guerrero y Michoacán, regiones históricamente vinculadas a redes de narcotráfico. El gobierno estadounidense explicó que las revocaciones pueden realizarse sin notificación previa ni obligación de justificación pública, especialmente cuando existen investigaciones abiertas o información clasificada relacionada con lavado de dinero o vínculos con organizaciones criminales. La medida fue descrita por medios estadounidenses como una ampliación de la política de “presión diplomática selectiva”, utilizada previamente en Centroamérica y Sudamérica contra políticos sospechosos de corrupción o colusión con el crimen organizado.
La decisión generó tensión diplomática entre ambos gobiernos. En conferencia de prensa, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que solicitó formalmente información a la embajada de Estados Unidos para conocer los fundamentos de la medida y definir una posición institucional. Diversos analistas en materia de política exterior y seguridad consideran que esta acción puede tener implicaciones en las negociaciones de cooperación bilateral, especialmente en temas de tráfico de armas, migración y financiamiento de programas de seguridad. A nivel político interno, algunos sectores de la oposición han exigido transparencia y auditorías a las administraciones estatales señaladas, mientras que el gobierno federal ha enfatizado que la soberanía nacional debe respetarse en cualquier decisión unilateral de un país extranjero. Se prevé que en los próximos días se reúnan representantes de ambas cancillerías para analizar los impactos diplomáticos y económicos de este episodio.
