El gobierno federal alemán, liderado por el canciller Friedrich Merz, presentó el 4 de noviembre de 2025 una nueva estrategia para incrementar el número de deportaciones y retornos voluntarios de personas cuyo estatus migratorio ha sido denegado o está en revisión. Según declaraciones oficiales, el objetivo es facilitar retornos asistidos y establecer mecanismos más firmes de expulsión cuando proceda, justificándolo en un cambio de enfoque hacia una política de “orden y retorno”.
La medida se articula con la afirmación de Merz de que “ya no existen las condiciones de guerra” que justificaban ciertas solicitudes de asilo de ciudadanos sirios, lo que abre la vía para su repatriación o, en su defecto, su expulsión. El gobierno ha detallado que priorizará los casos de migrantes con antecedentes penales o cuya solicitud de protección internacional fue ya rechazada, y que se establecerán colaboraciones con gobiernos de origen para gestionar estos procesos.
Uno de los elementos centrales del plan es la invitación del presidente sirio Ahmed al‑Sharaa a Berlín para negociar acuerdos de deportación de nacionales sirios con antecedentes penales, lo que marca un viraje respecto a la política anterior de integración y protección. Asimismo, la medida incluye un aumento de retornos voluntarios incentivados y revisión de la capacidad administrativa de las autoridades migratorias para ejecutar los procesos de expulsión cuando se agoten las vías legales de permanencia.
Desde el ámbito de derechos humanos y la sociedad civil alzaron voces de alerta, indicando que la ampliación de deportaciones podría vulnerar los derechos de personas que han residido largo tiempo en Alemania y que aún enfrentan condiciones de inseguridad en sus países de origen. Además se ha señalado que esta política debe equilibrarse con la necesidad de mano de obra y la integración de migrantes en sectores clave de la economía alemana —un aspecto que el gobierno mencionó como factor a evaluar—.
