Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras entre 2014 y 2022, salió de prisión el 1 de diciembre de 2025, según registros del Federal Bureau of Prisons. La liberación se produjo tras un indulto total otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien justificó la medida alegando que Hernández había sido objeto de un proceso injusto impulsado por la administración anterior.
Hernández había sido condenado en junio de 2024 por un tribunal federal en Nueva York a 45 años de prisión por tres cargos relacionados con narcotráfico y uso de armas de fuego. Los fiscales estadounidenses presentaron evidencia de que, durante su ascenso político desde congresista hasta presidente, facilitó el trasiego de más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios de carteles como el de Sinaloa. Entre los testimonios clave figuró el del exalcalde hondureño Amílcar Alexander Ardón, quien describió una reunión en la que el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán entregó un millón de dólares para la campaña presidencial de Hernández.
La decisión de Trump, anunciada el 28 de noviembre de 2025 en una publicación en su red social Truth Social, coincidió con el apoyo explícito al candidato presidencial hondureño Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional –la misma formación política de Hernández–. Trump vinculó el indulto a la contienda electoral en Honduras, advirtiendo que el país recibiría asistencia económica y política solo si Asfura ganaba. Previo al perdón, Hernández envió una carta de cuatro páginas desde la prisión federal de Hazelton, Pensilvania, elogiando la colaboración bilateral durante el primer mandato de Trump y presentándose como víctima de persecución política.
Ana García, esposa de Hernández, confirmó la liberación en su cuenta de X, destacando que el 1 de diciembre marcó el fin de casi cuatro años de reclusión. La familia no ha detallado planes inmediatos, aunque analistas especulan sobre un posible retorno a Honduras una vez resuelta la situación legal local, donde Hernández no enfrenta cargos activos por narcotráfico pero sí acusaciones de corrupción y violaciones constitucionales durante su reelección en 2017.
El indulto se produce en medio del escrutinio de las elecciones generales de Honduras del 30 de noviembre de 2025, donde Asfura y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, mantienen un empate técnico. Con el 57% de las actas procesadas por el Consejo Nacional Electoral al 2 de diciembre, Asfura suma 749.022 votos (39,91%), seguido por Nasralla con 748.507 (39,89%), una diferencia de solo 515 sufragios. La candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), se ubica tercera con 19,2%. El proceso electoral ha registrado retrasos por fallas técnicas en el sistema de transmisión de resultados, lo que ha generado tensiones y llamadas a la calma de observadores internacionales como la Organización de Estados Americanos.
Analistas regionales han señalado contradicciones en la política antidrogas de la administración Trump. Robert Evan Ellis, investigador del U.S. Army War College, indicó que la medida genera confusión al liberar a un figura central en una conspiración de narcotráfico probada, mientras Estados Unidos intensifica acciones contra carteles en el Caribe y clasifica a grupos como el de Sinaloa como organizaciones terroristas. Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, describió el indulto como evidencia de hipocresía, comparándolo con las amenazas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro por cargos similares.
Marcela Ríos, directora para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), advirtió que el perdón debilita la confianza en el sistema judicial estadounidense, que demostró independencia al condenar a Hernández. Ríos enfatizó que, sin evidencia pública de motivaciones políticas, la decisión podría incentivar percepciones de impunidad en países con instituciones frágiles, complicando esfuerzos contra la corrupción en la región. En Honduras, Graco Pérez, analista político local, señaló que la liberación revive debates sobre el legado de Hernández, acusado por organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción de haber establecido un sistema de corrupción estructural que involucraba al Congreso y al poder judicial.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado instando a la calma en el conteo hondureño y reiterando el compromiso con la democracia regional, sin abordar directamente el indulto.
En redes sociales, reacciones divididas incluyen celebraciones de partidarios del Partido Nacional y críticas de opositores, quienes lo ven como interferencia externa. Lester Ramírez, experto hondureño en política, sugirió que el respaldo de Trump a Asfura pudo influir en votantes temerosos de repercusiones migratorias, en un contexto de políticas restrictivas hacia centroamericanos.
Hernández, cuyo hermano Juan Antonio “Tony” Hernández cumple cadena perpetua por cargos similares desde 2021, fue extraditado en abril de 2022 tras su arresto en Tegucigalpa. Su juicio incluyó testimonios de capos extraditados que lo señalaron como protector de rutas de droga desde 2004. El indulto no altera la sentencia de su hermano ni investigaciones paralelas en Honduras, pero plantea interrogantes sobre la extradición de futuros acusados. El Partido Nacional ha evitado pronunciamientos directos, enfocándose en el escrutinio, mientras Libre denuncia injerencia extranjera. El conteo preliminar podría extenderse días, con proyecciones internas de ambos bandos afirmando victoria.
