Un juez federal en California impuso una sentencia de 30 meses de prisión a Salvador Plasencia, médico de Santa Mónica, por distribuir ketamina a Matthew Perry en las semanas previas a la muerte del actor en octubre de 2023. Plasencia, quien operaba una clínica en la zona, recibió una multa de 5.600 dólares y fue detenido de inmediato tras la audiencia.
Matthew Perry, conocido por su rol en la serie Friends, falleció a los 54 años en su residencia de Los Ángeles por los efectos de la ketamina, según el informe de autopsia divulgado en agosto de 2024. El fármaco, utilizado médicamente para tratar la depresión y el dolor crónico, se administraba a Perry bajo prescripción inicial, pero su consumo aumentó hasta involucrar a proveedores no autorizados. Entre el 30 de septiembre y el 12 de octubre de 2023, Plasencia vendió veinte viales de 5 mililitros de ketamina, pastillas y jeringas al actor y su asistente, Kenneth Iwamasa. Además, el médico aplicó inyecciones directamente en el domicilio de Perry y en un estacionamiento de Long Beach, a 40 kilómetros al sur de Los Ángeles.
La investigación federal, iniciada tras la muerte de Perry, identificó a cinco personas implicadas en una red de distribución de drogas en Hollywood. Plasencia, apodado “Dr. P.”, se declaró culpable en verano de 2025 de cuatro cargos de distribución de ketamina. Iwamasa, asistente personal de Perry, admitió su rol y recibió instrucción de Plasencia para administrar las dosis. Otros involucrados incluyen a una segunda médica, dos proveedores y una mujer conocida como la “Reina de la Ketamina”, quien operaba desde una vivienda convertida en punto de venta de sustancias. Todos han aceptado acuerdos de culpabilidad y esperan sentencias en los próximos meses.
Durante la audiencia en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Suzanne Morrison, madre de Perry, dirigió palabras a Plasencia. Recordó mensajes de texto en los que el médico calificaba a su hijo de “morón” y cuestionaba pagos pendientes, pese a percibir señales de adicción. Morrison enfatizó que Plasencia violó su juramento profesional de proteger a los pacientes. John Perry, padre del actor, y su madrastra Debbie, expresaron en una carta que la recuperación de Matthew dependía de un “no” firme por parte de los médicos. Keith Morrison, padrastro, describió a Plasencia como un oportunista que interrumpió los planes de Perry para una “tercera etapa” en su carrera.
Plasencia, en su declaración, asumió responsabilidad y citó dificultades financieras en su clínica como factor que hizo atractivas las ganancias de las ventas, a pesar de reconocer los riesgos de dependencia en Perry. Renunció voluntariamente a su licencia médica y cerró su práctica tras el arresto. El fiscal federal argumentó que los acusados explotaron la vulnerabilidad de Perry para beneficio personal, con penas máximas de hasta 40 años por cargo. La jueza Sherilyn Peace Garnett, quien dictó la sentencia, consideró los antecedentes del caso y el impacto en la familia.
Perry había documentado públicamente sus luchas con la adicción desde los años noventa, incluyendo estancias en rehabilitación y el lanzamiento de un libro en 2022 sobre su recuperación. La ketamina, aprobada por la FDA en 1970 como anestésico, se emplea off-label para trastornos mentales, pero su uso recreativo o en dosis altas puede causar problemas respiratorios y cardíacos fatales, como se determinó en la autopsia. Autoridades sanitarias en California han incrementado inspecciones a clínicas de bienestar que prescriben el compuesto, con al menos 15 cierres reportados en 2024 por irregularidades similares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que el caso expone vulnerabilidades en el control de medicamentos controlados en entornos de alto perfil. En 2023, las sobredosis relacionadas con ketamina representaron el 2% de las muertes por drogas en el condado de Los Ángeles, según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Familiares de Perry indicaron que el proceso judicial, aunque doloroso, busca prevenir casos análogos mediante mayor escrutinio a proveedores. Las sentencias restantes se programan para principios de 2026, mientras la familia considera acciones civiles contra la red involucrada.
