El Gobierno de Georgia, encabezado por el primer ministro Irakli Kobakhidze, anunció la suspensión de las negociaciones para el ingreso del país a la Unión Europea hasta el año 2028. Esta medida incluye el rechazo a cualquier subvención económica proveniente de la comunidad europea durante el mismo periodo.
La resolución gubernamental se fundamenta en la acusación de que las instituciones europeas utilizan el proceso de adhesión como un instrumento de presión sobre la soberanía nacional. Según la declaración oficial, el partido gobernante, Sueño Georgiano, mantiene el objetivo de ingresar al bloque en 2030, pero bajo condiciones que no impliquen lo que calificaron como concesiones unilaterales frente a Bruselas.
Tras el anuncio, se registraron concentraciones de ciudadanos en la capital, Tiflis, y en otras localidades como Batumi y Kutaisi. Los manifestantes se instalaron frente a la sede del Parlamento para expresar su rechazo a la interrupción de la integración europea, un proceso que cuenta con el respaldo de aproximadamente el 80% de la población, de acuerdo con datos de consultas locales.
La respuesta de las fuerzas de seguridad consistió en el uso de cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar las aglomeraciones en la avenida Rustaveli. El Ministerio del Interior informó sobre la detención de más de 40 personas durante las jornadas iniciales, mientras que servicios médicos reportaron la atención de manifestantes y agentes policiales por lesiones diversas.
Por su parte, la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, manifestó su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo. La mandataria señaló que la suspensión de las pláticas de adhesión contraviene los principios constitucionales del país, los cuales establecen la integración en las estructuras europeas y euroatlánticas como un objetivo de Estado.
Organismos internacionales y representantes de la Unión Europea emitieron comunicados donde señalan un retroceso en los estándares democráticos del país. El Parlamento Europeo previamente había solicitado una repetición de las elecciones legislativas de octubre, tras recibir informes de irregularidades en el proceso electoral, lo cual constituye uno de los puntos de fricción entre el gobierno georgiano y la comunidad internacional.
