El Congreso de El Salvador aprobó una reforma legal que establece penas de hasta 1 000 años de prisión para integrantes de la pandilla MS-13 y otras estructuras criminales considerados responsables de delitos graves, como homicidio, extorsión y secuestro. La modificación al código penal fue promovida por el gobierno como parte de su estrategia de combate a la violencia en el país.
Bajo las nuevas disposiciones, los delitos cometidos en el marco de actividades del crimen organizado serán sancionados con acumulación de años de prisión que suman penas máximas históricas, elevando considerablemente los tiempos de condena respecto al régimen anterior. Estas penas se aplican en función de cada tipo penal imputado en los juicios contra los acusados.
La medida fue aprobada por los legisladores en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que suspendió garantías constitucionales para enfrentar la violencia de las pandillas y redujo los niveles de homicidio en comparación con años previos. El Ejecutivo salvadoreño defendió la reforma como un paso adicional para garantizar seguridad, aunque ha recibido críticas de organismos de derechos humanos por la dureza de las sanciones y el proceso legislativo acelerado.
Organizaciones internacionales y de derechos civiles han expresado preocupación por las implicaciones de imponer penas de tal magnitud, señalando posibles violaciones a estándares internacionales de justicia y derechos humanos, además de advertir sobre la necesidad de marcos procesales que garanticen juicios justos. Las autoridades salvadoreñas sostienen que las reformas buscan desarticular las estructuras criminales que afectan la seguridad ciudadana.
