La jueza federal Beryl Howell emitió una decisión el 23 de diciembre de 2025 en la que validó la tarifa de 100 mil dólares impuesta por la administración de Donald Trump a las solicitudes de visas H-1B. La medida, anunciada en septiembre de 2025 mediante una proclama presidencial, requiere que los empleadores paguen este monto adicional por cada visa como condición de elegibilidad. Howell, designada durante la presidencia de Barack Obama, determinó en un documento de 56 páginas que el presidente posee autoridad bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para regular el ingreso de no inmigrantes y condicionar el acceso a visas. La decisión rechazó los argumentos de los demandantes, entre ellos la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación de Universidades Estadounidenses, quienes sostuvieron que la tarifa viola la intención del Congreso al hacer prohibitivo el programa para empresas medianas y pequeñas. La administración argumentó que la medida disuade el abuso del sistema y promueve la contratación de trabajadores estadounidenses en puestos de nivel inicial. La jueza reconoció posibles efectos en empresas e instituciones educativas, aunque mantuvo la legalidad de la tarifa. Al menos dos demandas adicionales contra esta medida permanecen en curso en tribunales federales.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el mismo día una modificación al proceso de asignación de visas H-1B, que reemplaza el sistema de lotería aleatoria por un mecanismo ponderado que prioriza a solicitantes con salarios más altos y cualificaciones superiores. La regla entrará en vigor el 27 de febrero de 2026 y se aplicará a la temporada de registro para el año fiscal 2027. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el cambio busca proteger salarios y oportunidades laborales para trabajadores estadounidenses al incrementar las probabilidades de selección para peticiones de mayor remuneración, aunque mantiene oportunidades en todos los niveles salariales. El portavoz de la agencia, Matthew Tragesser, indicó que el proceso anterior permitía abusos por parte de empleadores que importaban mano de obra extranjera a bajo costo. Esta reforma se alinea con la proclama presidencial sobre la tarifa de 100 mil dólares y forma parte de ajustes al programa H-1B.
Estados Unidos emite 85 mil visas H-1B al año, de las cuales 65 mil corresponden al cupo general y 20 mil a personas con maestrías o títulos superiores obtenidos en instituciones locales. India representa cerca del 75 por ciento de los beneficiarios, y empresas como Amazon, Tata Consultancy Services, Microsoft, Apple y Google figuran entre los principales receptores, con California como el estado con mayor concentración de titulares. El visado se otorga inicialmente por tres años, prorrogables hasta seis. Representantes del sector tecnológico han expresado que el programa cubre vacantes en campos especializados como ingeniería y programación, mientras que críticos señalan su uso en puestos de nivel inicial que podrían desplazar a trabajadores locales mediante clasificaciones salariales inferiores. La administración Trump ha vinculado estas medidas a esfuerzos para priorizar el empleo nacional.
