Las protestas que han sacudido a Irán desde finales de 2025 continúan extendiéndose a numerosas ciudades del país, marcadas por la participación de miles de personas y una respuesta cada vez más enérgica por parte del gobierno.
El movimiento social surgió inicialmente como una reacción a medidas económicas y políticas que amplificaron el descontento con la gestión del poder y las rígidas restricciones sociales. Las manifestaciones han incluido peticiones de libertades civiles, derechos económicos y demandas de cambios políticos, atrayendo a diversos sectores de la población, especialmente jóvenes y mujeres.
Las autoridades iraníes han respondido con operativos de seguridad y arrestos masivos, aplicando leyes estrictas y restricciones a las comunicaciones en un intento por frenar la difusión de las protestas. Organizaciones de derechos humanos y grupos internacionales han denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado, así como detenciones arbitrarias y violencia contra manifestantes pacíficos.
Hasta ahora, el conflicto entre las demandas populares y el enfoque represivo del gobierno ha generado una crisis social profunda sin una resolución inmediata a la vista. Analistas destacan que el desenlace de estas protestas podría influir en la política interna de Irán durante los próximos años, así como en sus relaciones con otros países de la región y actores internacionales.
