El Gobierno de España aprobó la tramitación de un real decreto que permitirá la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular, una medida dirigida a personas que ya residen en el país y que pretende integrar legalmente a cientos de miles de extranjeros en el sistema migratorio español.
La iniciativa, promovida por el Ejecutivo y pactada con el partido Podemos, no requiere la convalidación del Congreso de los Diputados y se basa en modificaciones al reglamento de la Ley de Extranjería. Se espera que la medida entre en vigor a principios de abril de 2026, cuando se abra el periodo de solicitudes que se mantendrá hasta finales de junio de ese año.
El decreto está concebido para beneficiar a más de 500 000 personas que se encuentran en España sin documentación legal. Las autoridades estiman que la medida permitirá suspender los procedimientos de retorno o expulsión de quienes presenten una solicitud válida y garantizar autorización de residencia y trabajo mientras se resuelve el trámite.
La medida forma parte de una respuesta del Gobierno ante la existencia de un gran número de inmigrantes en situación irregular y la presión de organizaciones sociales y partidos de izquierda que impulsaron la iniciativa ciudadana para posibilitar esta regularización extraordinaria.
QUIÉNES PODRÁN BENEFICIARSE
El decreto establece dos grupos principales de personas extranjeras que podrán acceder al proceso:
- Migrantes que hayan residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar al menos cinco meses de estancia continua en el país antes de esa fecha.
- Solicitantes de protección internacional (personas que han presentado una solicitud de asilo antes del 31 de diciembre de 2025), independientemente de si la solicitud ha sido resuelta o está pendiente.
La residencia continuada podrá acreditarse con diversos documentos oficiales o privados, como certificados de empadronamiento, informes médicos, recibos de servicios o comprobantes de envíos de dinero, lo que busca facilitar el acceso al trámite a quienes carecen de documentos formales.
Se excluye del beneficio a personas con antecedentes penales relevantes o condenas graves, como parte de los criterios de evaluación de las solicitudes.
DERECHOS Y EFECTOS DE LA REGULARIZACIÓN
La presentación de la solicitud tendrá efectos inmediatos sobre la situación migratoria de los solicitantes:
- La mera admisión de la solicitud suspenderá de forma automática cualquier procedimiento de retorno o expulsión por motivos administrativos.
- Una vez admitida, la persona recibirá una autorización provisional de residencia, que le permitirá trabajar en cualquier sector y ubicación del país.
- La autorización inicial tendrá una vigencia de un año, tras el cual podrá solicitarse una residencia ordinaria conforme a las normas de extranjería.
La regularización no concede nacionalidad ni derechos políticos, como el derecho a votar, ya que se trata de un procedimiento administrativo de residencia y empleo, no de naturalización.
COMPOSICIÓN DE LOS BENEFICIARIOS POR ORIGEN
De acuerdo con datos sobre la composición de la población migrante en situación irregular en España, la mayoría corresponde a personas provenientes de América Latina, que representan cerca del 91 % de los residentes extranjeros en esta condición, con especial presencia de ciudadanos colombianos, peruanos y hondureños.
Aunque el decreto se aplica a todas las nacionalidades que cumplan los requisitos, esta distribución demográfica indica que los migrantes latinoamericanos serán el grupo más numeroso que podrá acogerse a la regularización.
REACCIONES Y CONTEXTO POLÍTICO
La medida ha generado debate político y social en España. Sectores empresariales, sindicatos y organizaciones sociales han respaldado la iniciativa, argumentando que contribuye a la integración de personas que ya forman parte del tejido laboral y económico del país.
Por otro lado, partidos políticos de oposición, como el Partido Popular (PP) y Vox, han criticado la regularización, señalando que podría generar un “efecto llamada” e insistiendo en que la regularización debería efectuarse de forma individual y no masiva.
El acuerdo con Podemos y la decisión de utilizar un real decreto en lugar de una ley ordinaria responden al contexto político actual, en el que el Gobierno ha enfrentado dificultades para aprobar textos migratorios en el parlamento.
