El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha sido señalado por presuntamente exceder los límites de la ley en Estados Unidos, especialmente tras operativos que derivaron en la muerte de dos ciudadanos en Minnesota y de un migrante mexicano en Illinois. Las autoridades federales argumentaron que las víctimas representaban una amenaza, pero videos de los incidentes cuestionaron esa versión.
En Minnesota, los intentos de la policía estatal por investigar uno de los casos fueron bloqueados por el gobierno federal, lo que provocó acusaciones de obstrucción por parte de la fiscalía local. Ante la presión pública, los agentes involucrados fueron suspendidos mientras continúan las indagatorias.
La polémica también se ha extendido a otras ciudades. En Chicago, el gobernador J.B. Pritzker afirmó que los despliegues del ICE están convirtiendo la zona en “una zona de guerra”, debido al uso de gases lacrimógenos y agentes químicos durante operativos. Además, imágenes de redadas violentas en Los Ángeles han circulado ampliamente.
Con el regreso de Donald Trump a la presidencia, la administración lanzó una campaña para ampliar la agencia con la meta de sumar 10 mil nuevos elementos e imponer cuotas de detenciones de hasta tres mil diarias. Expertos advierten que priorizar resultados rápidos podría incentivar detenciones arbitrarias y reducir la supervisión sobre los agentes.
Decisiones judiciales recientes también han ampliado sus facultades, permitiendo considerar factores como raza, etnicidad o idioma en algunas detenciones y entrar a viviendas sin orden judicial en ciertos casos. Críticos sostienen que estas medidas han fortalecido el poder del ICE mientras crecen las preocupaciones por posibles violaciones constitucionales.
