La estrategia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de reducir la carga fiscal sobre las gasolinas encuentra paralelismos en Estados Unidos, donde varios estados analizan o han aplicado recortes temporales a los impuestos ante el aumento en los precios de los combustibles derivado del conflicto en Medio Oriente. No obstante, estas medidas implican pérdidas millonarias en la recaudación.
El alza en los costos de la energía ha llevado a funcionarios estatales a promover “vacaciones fiscales” en el impuesto a la gasolina para aliviar el impacto en los consumidores, quienes enfrentan precios promedio cercanos a los cuatro dólares por galón, alrededor de 30 por ciento más altos que hace un año. Incluso con un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, se prevé que los precios del combustible se mantengan elevados en el corto plazo.
Esta semana, el estado de Indiana anunció una pausa en el impuesto a la gasolina. El gobernador Mike Braun suspendió el gravamen de 7 por ciento durante 30 días, medida que representa un costo estimado de 50 millones de dólares mensuales. En tanto, Georgia y Utah aprobaron disposiciones similares, mientras que legisladores de Nueva York, Alabama y Carolina del Sur han presentado propuestas en el mismo sentido.
La suspensión del impuesto en Georgia hasta mediados de mayo tendrá un costo cercano a los 400 millones de dólares, según informó Jon Burns, presidente de la Cámara estatal. En el caso de Utah, la reducción fiscal, prevista del 1 de julio hasta finales de año, implicará un costo aproximado de 12 millones de dólares, de acuerdo con la legislación correspondiente.
Estas pérdidas de ingresos fiscales se producen en un contexto de presión presupuestaria para los estados, marcada por el fin de los apoyos derivados de la pandemia, un menor crecimiento en la recaudación y la reducción del financiamiento federal durante la administración de Donald Trump.
Especialistas advierten que el impacto de estas medidas podría ser limitado. Un informe de Institute on Taxation and Economic Policy, citado por su director de investigación Carl Davis, indica que parte del beneficio se absorbe dentro de la cadena de suministro. En el caso de Georgia, el 60 por ciento de los hogares con menores ingresos recibiría solo el 22 por ciento de los beneficios.
