María Eugenia Campos Galván, gobernadora del estado de Chihuahua, acudió este miércoles 27 de mayo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia Doctores de la Ciudad de México, donde brindó una conferencia de prensa a su llegada.
La mandataria fue citada en calidad de testigo para rendir una entrevista ministerial relacionada con los hechos ocurridos los días 17 y 18 de abril en la Sierra del Pinal, en Chihuahua. El citatorio fue entregado en el Palacio de Gobierno por dos agentes ministeriales federales y recibido por el consejero jurídico estatal.
El 19 de abril se confirmó la muerte de dos presuntos instructores de la embajada de Estados Unidos y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua en un accidente mientras regresaban de un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos. Posteriormente, los diarios The Washington Post y The New York Times informaron que en realidad se trataba de agentes de la CIA.
El accidente tuvo lugar durante la madrugada del 19 de abril, cuando una de las camionetas del operativo sufrió un percance en la zona serrana. Entre los fallecidos se encontraba el director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta, y dos ciudadanos estadounidenses señalados posteriormente como presuntos agentes de la CIA.
El gobierno federal informó que los agentes de la CIA ingresaron a México sin autorización para participar en operativos de seguridad y que las autoridades federales no fueron notificadas sobre la presencia de los agentes extranjeros. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que estos hechos contravienen la Ley de Seguridad Nacional y solicitó investigar quiénes avalaron el ingreso de los agentes. El caso derivó en la renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, quien reconoció no haber investigado la presencia de los elementos extranjeros.
La FGR investiga posibles irregularidades en la actuación de autoridades estatales durante el operativo. La institución señaló que busca verificar si existió la debida investigación ministerial previa al hallazgo y si el operativo se llevó a cabo de forma adecuada.
El 13 de mayo, la FGR abrió una línea de investigación para determinar si la Fiscalía General del Estado de Chihuahua habría incurrido en acciones de competencia federal. El vocero de la institución, Ulises Lara López, subrayó que el gobierno federal es el único con atribuciones en materia de seguridad nacional y que los estados no pueden generar alianzas con otros países.
El citatorio fue entregado formalmente el 23 de mayo. El equipo jurídico de la gobernadora señaló que el documento presentaba múltiples incongruencias. Campos cuestionó las diferencias en el trato con otras figuras políticas, en particular con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con Javier Corral, quien según la mandataria no ha sido llamado a comparecer pese a tener una orden de aprehensión en Chihuahua.
La situación generó una confrontación política entre el gobierno estatal y dirigentes de Morena, quienes acusaron a la administración chihuahuense de permitir operaciones extranjeras en territorio nacional sin aval federal. Representantes del Partido Acción Nacional defendieron la cooperación bilateral en materia de seguridad y respaldaron la actuación del gobierno estatal.
Tras conocerse el citatorio, Campos emitió una disposición que prohíbe a los servidores públicos de la administración estatal establecer mecanismos directos de cooperación con agentes extranjeros sin autorización expresa del gobierno federal. La FGR llamó a comparecer a cerca de 50 personas relacionadas con el operativo.
