Nintendo of Europe aceptó el pago de una multa de 35 millones de euros impuesta por las autoridades de Francia debido a la gestión del problema conocido como “Joy-Con Drift”, una falla que afectó a numerosos usuarios de la consola Nintendo Switch desde sus primeros años en el mercado. La sanción fue determinada por la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF), organismo que concluyó que la empresa no informó adecuadamente a los consumidores sobre el defecto detectado en los controles Joy-Con.
La investigación señala que Nintendo tenía conocimiento de las fallas desde 2018, cuando comenzaron a registrarse reportes relacionados con movimientos involuntarios en las palancas de los mandos. Sin embargo, según las autoridades francesas, la compañía tardó varios años en comunicar oficialmente la situación y en ofrecer soluciones amplias para los usuarios afectados. La denuncia fue impulsada por la organización de consumidores UFC-Que Choisir, que acusó a la empresa de incurrir en prácticas comerciales engañosas.
De acuerdo con el organismo regulador, la falta de información habría provocado que algunos jugadores optaran por adquirir nuevos controles en lugar de recurrir a los servicios de reparación o garantía. Por este motivo, las autoridades consideraron que existió una afectación económica para los consumidores. Además del pago de la multa, Nintendo deberá publicar información relacionada con el caso en sus canales oficiales europeos.
El denominado “Joy-Con Drift” se convirtió en una de las mayores controversias en la historia reciente de Nintendo. El problema ocasionaba que los personajes o cursores se movieran sin que el usuario tocara las palancas de control, afectando la experiencia de juego. Con el paso de los años, la compañía implementó programas de reparación gratuita en diversos países, incluso para controles fuera del periodo de garantía.
Aunque Nintendo aceptó el acuerdo económico, la empresa señaló que ello no representa una admisión de culpabilidad y sostuvo que su decisión busca cerrar el procedimiento legal derivado de la investigación. Mientras tanto, las autoridades francesas indicaron que se trata de una de las sanciones más elevadas impuestas en materia de protección al consumidor en el país, solo por detrás de otras multas aplicadas a grandes compañías internacionales.
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