La asignación de recursos públicos a medios de comunicación forma parte del debate sobre el uso de recursos destinados a campañas institucionales y difusión de información gubernamental.
El gasto en publicidad oficial tiene como objetivo comunicar a la población programas, servicios, campañas y acciones de las instituciones públicas. Sin embargo, su distribución plantea la necesidad de establecer criterios que permitan determinar qué medios pueden recibir estos recursos y bajo qué condiciones.
Entre los criterios que pueden considerarse se encuentran la audiencia, el alcance, la cobertura geográfica, el tipo de medio, la capacidad técnica para difundir los contenidos y la población a la que está dirigida cada campaña.
También se plantea la importancia de contar con reglas transparentes que permitan conocer cuánto dinero se asigna, a qué medios, bajo qué criterios y cuál es el objetivo de cada contratación.
La discusión sobre el uso de recursos públicos para medios de comunicación se relaciona con la obligación de las instituciones de justificar el gasto y garantizar que la publicidad oficial responda a necesidades de comunicación pública y no a intereses particulares.
