|El gobernador Alejandro Armenta Mier enfrenta una ofensiva mediática de TV Azteca que ha pasado de críticas a su administración a señalamientos sobre presuntos vínculos criminales, el financiamiento de campañas políticas y su estrategia de comunicación digital. El mandatario tiene derecho a responder, exigir pruebas y defender la legitimidad de su gobierno, sin que ello implique desconocer la libertad de prensa.
El Gobierno de Puebla sostiene que TV Azteca habría exigido contratos publicitarios por más de 2 mil 300 millones de pesos. La televisora ha publicado investigaciones en las que acusa a funcionarios estatales de promover una supuesta campaña digital con cuentas falsas para desacreditar a sus periodistas. Estos señalamientos requieren documentación, aclaraciones e investigaciones por las vías legales correspondientes.
Las intervenciones de los periodistas Luis Cárdenas y Manuel López San Martín, difundidas en espacios de TV Azteca, colocaron nuevamente a Armenta en el centro de la polémica. Durante el comentario se plantearon sospechas sobre el financiamiento electoral, el robo de hidrocarburos y la actuación del gobierno ante zonas con presencia delictiva. Es necesario distinguir entre una investigación en curso, una hipótesis periodística y una acusación formal acreditada ante las autoridades.
La crítica es legítima; la condena anticipada, no. Un medio de comunicación tiene la obligación de investigar y cuestionar al poder, pero también de contextualizar sus afirmaciones, presentar evidencias verificables y ofrecer espacio para la respuesta de las personas señaladas.
Armenta debe mantener una postura firme: no comprometer el presupuesto de los poblanos para satisfacer intereses particulares, transparentar cualquier contratación publicitaria y responder con información comprobable a los cuestionamientos sobre su administración. Si existen indicios de extorsión o irregularidades, corresponde presentar las pruebas ante las autoridades competentes y permitir que las investigaciones determinen responsabilidades.
El debate no debe convertirse en una guerra de propaganda entre el poder político y el poder mediático. Puebla destina recursos públicos a seguridad, salud, infraestructura y bienestar, hechos informados de manera cotidiana. Los medios deben ejercer su labor sin censura ni represalias, pero con pruebas, no con supuestos que menoscaban su credibilidad.
Respaldar el derecho de Alejandro Armenta a defenderse no significa otorgarle un cheque en blanco. Significa exigir que sea juzgado por hechos comprobables y no por insinuaciones, y que su gobierno también rinda cuentas cuando existan cuestionamientos sustentados.
La verdad no pertenece a un partido político ni a una empresa de comunicación. Se construye con pruebas, transparencia y responsabilidad. Esa debe ser la regla para todos.
#Puebla #Armenta #TVAzteca #LibertadDePrensa #Transparencia #DebatePúblico #RendiciónDeCuentas
