LEY ANTI MEMES GENERA POLÉMICA Y ES RETIRADA

En los últimos días, la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Monreal sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) generó debate en el ámbito digital y político. La propuesta buscaba reformar el Código Penal Federal para tipificar como ciberdelitos el uso indebido de estas tecnologías, lo que llevó a interpretaciones diversas en redes sociales.

¿QUÉ CONTENÍA LA PROPUESTA?

El documento señalaba que ciertos sistemas de inteligencia artificial podían representar riesgos para los derechos humanos y debían contar con una regulación específica. Entre los aspectos incluidos en la iniciativa se encontraban:
• Identificación biométrica y categorización de personas.
• Creación de imágenes, sonidos o videos generados por IA.
• Uso de IA en la producción de documentos legales.
• Aplicación de sistemas de inteligencia artificial en programas gubernamentales, administración de justicia y protección de la propiedad intelectual.

Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la referencia a contenidos digitales alterados, lo que llevó a que en redes sociales se le denominara “ley anti memes”.

RETIRO DE LA INICIATIVA

El viernes 7 de marzo, Monreal solicitó formalmente el retiro de la propuesta en la Gaceta Parlamentaria. Argumentó que la iniciativa tenía como objetivo regular el ciberacoso, la violencia digital y el uso indebido de tecnologías, pero aclaró que los memes no serían considerados un delito.

A través de sus redes sociales, el legislador explicó que la iniciativa pretendía establecer límites ante prácticas como el ciberbullying y la difusión de contenido digital que pudiera causar daño a las personas. Sin embargo, la interpretación pública llevó a su retiro para evitar malentendidos.

El documento original definía la violencia mediática como cualquier acción que, mediante TIC o IA, promoviera discriminación o afectara la integridad de una persona. También establecía sanciones económicas que iban de 56 mil a 113 mil pesos para quienes incurrieran en este tipo de conductas.

El retiro de la propuesta pone en pausa la discusión sobre la regulación de la IA y las TIC en México, mientras se analizan nuevas medidas para abordar la violencia digital sin afectar la libertad de expresión.

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