En un foro celebrado en la Ciudad de México, juristas, académicos y representantes de la industria de medios se reunieron para analizar los alcances de la propuesta de reforma en telecomunicaciones que se discute actualmente en el Congreso. La iniciativa ha generado una división de opiniones respecto a sus efectos sobre la regulación de contenidos y la protección de derechos de las audiencias.
Luis Enrique Pereda, abogado constitucionalista, sostuvo que la redacción del proyecto podría abrir la puerta a mecanismos de supervisión directa sobre medios públicos y privados. Argumentó que el lenguaje utilizado es ambiguo en cuanto a la responsabilidad editorial, lo cual podría interpretarse como una forma de intervención indirecta.
Por su parte, María Lizárraga Iriarte advirtió que los criterios técnicos para la vigilancia de contenidos no han sido definidos con claridad. Desde su perspectiva, esto podría dar paso a sanciones discrecionales y afectar la pluralidad informativa.
Durante su intervención, Arturo Ramos Sobarzo planteó que el proyecto requiere una reformulación que incluya garantías procesales y mecanismos de apelación independientes. Señaló que la construcción del concepto “audiencia” no debe reducirse a un elemento pasivo, sino que debe reconocerse su derecho activo a informarse sin censura previa.
El foro también incluyó la participación de representantes empresariales, quienes manifestaron preocupación por el posible impacto en la inversión extranjera. La falta de seguridad jurídica en el sector, advirtieron, podría provocar una contracción de contenidos nacionales y una mayor dependencia de proveedores internacionales.
Se acordó la formación de una comisión ciudadana para presentar observaciones formales ante la Cámara de Diputados, con el fin de fomentar una discusión técnica que supere las diferencias partidistas y privilegie el equilibrio entre libertad informativa y responsabilidad social.