Durante una audiencia pública, el gobernador de California, Gavin Newsom, cuestionó directamente las acciones del presidente Donald Trump relacionadas con el despliegue de fuerzas federales en Los Ángeles. Señaló que la movilización de efectivos de la Guardia Nacional y la presencia de marines en la ciudad corresponden a una escalada que “amenaza los derechos civiles” de los migrantes que residen en el país sin documentos.
Según los registros del Pentágono, se enviaron aproximadamente 4,000 soldados y 700 marines a California, lo cual ha sido objeto de protestas en varias ciudades del estado. En su pronunciamiento, Newsom solicitó a los jueces limitar las operaciones militares en zonas civiles y separar dichas acciones de las funciones de agencias como ICE.
El gobernador también formuló una crítica al presidente al acusarlo de haber “fabricado una crisis” en su territorio. Invocó su cargo al decir que acepta ser arrestado por su oposición, y pidió que se libere a familias migrantes de la intervención federal. “Quiten las manos de estas personas que solo buscan vivir y pagar por su vida”, sostuvo.
En paralelo, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, impuso un toque de queda en una zona específica del centro, aclarando que las protestas no representaban un estallido generalizado en la ciudad. Bass sostuvo que la presencia militar generaba más tensión que tranquilidad.
Por su parte, el presidente Trump elevó el tono al describir las manifestaciones como una amenaza de “invasión extranjera” y defendió la intervención federal. Desde Washington, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también mencionó que las protestas contaban con “banderas extranjeras”, lo que, según ella, ofrecía una percepción de “ataque foráneo”. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió calificándolo de “acusación sin fundamento”.