El Gobierno de México, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), emitió un pronunciamiento en contra del incremento injustificado en las tarifas del servicio de transporte privado ofrecido por la plataforma Uber. La dependencia calificó como inadmisibles los cobros detectados en distintos puntos del país, particularmente durante horarios de alta demanda o condiciones climáticas adversas.
Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, informó que se han recibido múltiples reportes de usuarios que han pagado tarifas hasta tres veces superiores a las habituales, lo cual, indicó, constituye una práctica comercial desleal. Según el funcionario, la empresa no ha ofrecido justificación técnica ni legal que respalde los aumentos observados, y subrayó que el organismo a su cargo ya realiza las investigaciones correspondientes.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se abordó el tema como parte de la política de protección al consumidor. En ese espacio, Sheffield recordó que Uber opera bajo un modelo de intermediación digital y, como tal, está sujeta a la legislación mexicana que impide prácticas que afecten los derechos de los consumidores.
La Profeco advirtió que, de persistir estas irregularidades, se podrían iniciar procedimientos administrativos en contra de la empresa, los cuales podrían derivar en sanciones económicas o incluso en medidas más severas, conforme al marco jurídico vigente.
Además, la institución hizo un llamado a los usuarios a denunciar cualquier cobro que consideren desproporcionado. Para ello, se habilitaron los canales oficiales, incluidos el número telefónico del consumidor y la plataforma en línea Concilianet.
Uber, por su parte, no ha emitido un comunicado oficial tras la declaración del gobierno. Sin embargo, en ocasiones anteriores ha defendido su política de tarifas dinámicas como una herramienta de autorregulación basada en la oferta y la demanda, así como un mecanismo para incentivar la disponibilidad de unidades.
El caso ha generado debate sobre el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte, la transparencia de sus algoritmos de cobro y la necesidad de establecer mecanismos regulatorios que protejan a los usuarios sin limitar la operación de estas empresas tecnológicas.
El gobierno reiteró su postura de garantizar precios justos en servicios básicos y de amplio uso público, y aseguró que mantendrá la vigilancia sobre todas aquellas plataformas que operan dentro del país bajo modelos digitales.
