La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), establecida bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ha señalado al gobierno mexicano por incumplimientos en sus compromisos ambientales relacionados con la conservación de la vaquita marina (Phocoena sinus), una especie endémica del Alto Golfo de California en peligro crítico de extinción. En un expediente de hechos ordenado en 2024, la CCA destacó que México no ha aplicado de manera efectiva sus leyes ambientales para proteger a esta marsopa, cuya población se estima entre 6 y 8 ejemplares. La pesca ilegal con redes de enmalle, principalmente dirigida a la totoaba (Totoaba macdonaldi), sigue siendo la principal amenaza para la vaquita, a pesar de regulaciones existentes. Este señalamiento ha generado presión internacional y renovado el debate sobre las responsabilidades de México en el marco del T-MEC, así como la necesidad de acciones urgentes para evitar la extinción de esta especie.
La vaquita marina, el mamífero marino más amenazado del mundo, es endémica del Alto Golfo de California, una región reconocida por su biodiversidad y designada como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Según datos científicos, la población de vaquitas ha disminuido drásticamente desde las casi 600 en 1997 a menos de 10 en 2024, debido principalmente a la captura incidental en redes de enmalle utilizadas para la pesca ilegal de totoaba, cuya vejiga natatoria es altamente demandada en el mercado negro asiático. A pesar de que México ha implementado leyes como la Ley General de Vida Silvestre y regulaciones que prohíben las redes de enmalle en el hábitat de la vaquita, la CCA ha argumentado que la falta de aplicación efectiva de estas medidas constituye un incumplimiento de las obligaciones ambientales del Capítulo 24 del T-MEC.
El T-MEC, vigente desde el 1 de julio de 2020, incluye un capítulo ambiental (Capítulo 24) que compromete a las partes a cumplir con sus leyes ambientales y a cooperar en la conservación de la biodiversidad. En 2021, cuatro organizaciones estadounidenses —el Centro para la Diversidad Biológica, el Instituto de Bienestar Animal, el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales y la Agencia de Investigación Ambiental— presentaron una petición ante la CCA, alegando que México no estaba aplicando efectivamente sus disposiciones ambientales, lo que ha contribuido a la casi extinción de la vaquita. Esta petición desencadenó un proceso que culminó en la aprobación, el 26 de junio de 2024, de un expediente de hechos por parte del Consejo de la CCA, integrado por representantes de México, Estados Unidos y Canadá. El borrador de este expediente, entregado el 10 de febrero de 2025, detalla las omisiones de México y requiere la aprobación de al menos dos de los tres países para ser publicado oficialmente.
La CCA ha señalado que, a pesar de los esfuerzos legislativos de México, como la prohibición de redes de enmalle y la creación de un área de refugio para la vaquita en el Alto Golfo de California, la pesca ilegal persiste debido a la falta de vigilancia y aplicación efectiva. Las organizaciones peticionarias argumentaron que México ha incumplido disposiciones específicas, como la Ley General de Vida Silvestre, el Reglamento de la misma y acuerdos que prohíben la captura de totoaba. La CCA respaldó estas preocupaciones tras una visita de campo a México en septiembre de 2024 y consultas con sectores relevantes, incluyendo autoridades, científicos y comunidades locales.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ya había solicitado consultas ambientales con México en 2022 bajo el Artículo 24.29 del T-MEC, argumentando que la evidencia disponible generaba preocupaciones sobre el cumplimiento de México con sus compromisos ambientales. Aunque México ha argumentado que sus compromisos en el T-MEC son vinculantes solo a partir de su entrada en vigor en 2020 y que las ONG no demostraron un daño directo, el proceso ha avanzado, destacando la urgencia de abordar la crisis de la vaquita. La CCA, aunque no tiene facultades para imponer sanciones, puede generar expedientes de hechos que sirvan como base para que Estados Unidos o Canadá soliciten medidas correctivas o incluso sanciones comerciales, como embargos, en un contexto de creciente presión internacional.
El gobierno mexicano, representado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha defendido sus esfuerzos, destacando programas como la colaboración con la organización Sea Shepherd para patrullar el Alto Golfo y la implementación de sanciones a pescadores ilegales. Sin embargo, las organizaciones ambientalistas y la CCA han criticado la insuficiencia de estas medidas, señalando que la corrupción, la falta de recursos para patrullajes efectivos y la alta demanda de totoaba en el mercado negro han limitado el impacto de las políticas mexicanas. Además, la guerra interna en el Cártel de Sinaloa, reportada en 2024 tras el arresto de Ismael “El Mayo” Zambada, ha complicado los esfuerzos de seguridad en la región, afectando indirectamente las operaciones de vigilancia en el hábitat de la vaquita.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado su compromiso con la sostenibilidad, como se destacó en la revisión quinquenal del Capítulo 24 del T-MEC en junio de 2025, donde México presentó avances en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, las críticas de la CCA sugieren que las acciones específicas para la vaquita han sido insuficientes. México enfrenta el desafío de equilibrar las necesidades económicas de las comunidades pesqueras locales con la conservación de la vaquita, lo que requiere alternativas sostenibles como programas de reconversión laboral y el desarrollo de tecnologías de pesca que no amenacen a la especie.
Las críticas de la CCA tienen implicaciones significativas para México en el marco del T-MEC. Si el expediente de hechos es aprobado y publicado, podría servir como base para que Estados Unidos o Canadá soliciten consultas formales o medidas correctivas, potencialmente escalando a sanciones comerciales en un contexto político delicado, especialmente con el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025. Estas sanciones podrían afectar sectores clave de la economía mexicana, como la pesca o el comercio de productos marinos, en un momento en que México busca negociar aranceles preferenciales bajo el T-MEC.
A nivel global, la situación de la vaquita ha atraído la atención de organismos como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) y la Comisión Ballenera Internacional, que han instado a México a tomar medidas urgentes. Organizaciones ambientalistas han propuesto soluciones como la intensificación de patrullajes navales, el uso de tecnologías de monitoreo avanzadas y sanciones más severas contra el tráfico de totoaba. Además, la cooperación trilateral bajo el T-MEC ofrece una oportunidad para que México, Estados Unidos y Canadá desarrollen estrategias conjuntas, como campañas contra el comercio ilegal de totoaba en mercados asiáticos y programas de educación ambiental para las comunidades locales.
Las críticas de la Comisión para la Cooperación Ambiental del T-MEC a México por las omisiones en la protección de la vaquita marina subrayan la urgencia de abordar una crisis ecológica que amenaza con la extinción de una especie icónica. Aunque México ha implementado leyes y programas para proteger a la vaquita, la persistencia de la pesca ilegal y la falta de aplicación efectiva han generado cuestionamientos internacionales. Este caso pone a prueba el compromiso de México con sus obligaciones ambientales bajo el T-MEC y destaca la necesidad de una acción coordinada que combine vigilancia, cooperación internacional y soluciones sostenibles para las comunidades locales. La resolución del expediente de hechos, prevista para 2025, será un momento clave para determinar si México puede revertir la trayectoria hacia la extinción de la vaquita marina y fortalecer su posición como líder en la conservación de la biodiversidad en América del Norte.
