La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en el Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval, denunció opacidad, retrasos y discrecionalidad en el manejo de los apoyos dirigidos al sector indígena y a los jóvenes por parte del actual gobierno morenista.
En conferencia de prensa, realizada este 14 de agosto, Ruiz Sandoval reveló la existencia de diversos contratos relacionados con programas sociales, de los cuales no se tiene información pública sobre su destino ni sobre las personas beneficiadas. Uno de estos documentos detalla una compra por casi 17 millones de pesos en equipos de cómputo, máquinas de coser y línea blanca. Sin embargo, hasta la fecha no se ha informado oficialmente a quiénes se entregaron estos apoyos.
La adquisición fue realizada a través de una licitación pública nacional y adjudicada a una empresa con apenas un año de haber sido creada, siendo además la única que compró las bases de la licitación.
Un caso similar, señaló, es el de un contrato por 2 millones de pesos para la adquisición de instrumentos musicales y vestimenta tradicional para grupos indígenas, firmado a finales de 2024, del cual tampoco hay información pública sobre sus beneficiarios. A esto se suma la compra de 1,050 tabletas electrónicas por 3.3 millones de pesos, sin claridad sobre su entrega ni destino.
Todos estos contratos fueron firmados por el Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), organismo dependiente de la Secretaría del Bienestar estatal.
“Estamos ante un escenario donde nadie sabe con certeza en dónde ni a quiénes se están destinando los miles de millones de pesos etiquetados para el desarrollo social en el presupuesto de este año”, advirtió la dirigente priista.
Ruiz Sandoval afirmó que el supuesto bienestar que prometió la Cuarta Transformación ha derivado en una “opacidad institucionalizada”, al no haber claridad sobre el uso de los recursos públicos ni los criterios para su asignación. “No es un tema menor. Hablamos de al menos 209 mil 444 millones de pesos asignados por Morena al eje de Bienestar Social, lo que representa el 54 % del presupuesto estatal”, puntualizó.
Además, cuestionó los retrasos en la ejecución de los programas durante lo que va del año, y denunció que no todos son reportados ante el Congreso local. “En el portal oficial del gobierno estatal se listan al menos 14 programas sociales orientados al combate a la pobreza y la atención a grupos vulnerables. Sin embargo, ante la Legislatura solo se han reportado ocho”, señaló.
Frente a esta situación, Cristina Ruiz exigió una auditoría integral a todos los programas sociales para conocer en qué se han utilizado los recursos. También adelantó que desde el Grupo Parlamentario del PRI se continuará impulsando que estos programas sean garantizados constitucionalmente, con el objetivo de proteger a las familias mexiquenses y asegurar su continuidad y fortalecimiento.
