El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inició este martes una visita oficial a México en un contexto marcado por tensiones en el Caribe y la intensificación de operativos militares contra redes de narcotráfico. La llegada del funcionario estadounidense ocurre días después de un ataque de las fuerzas armadas de su país contra una embarcación que transportaba droga en aguas del sur del Caribe, en el que murieron once personas. Washington atribuyó el caso a una organización vinculada al grupo Tren de Aragua, lo que ha incrementado la atención internacional sobre la estrategia de seguridad regional.
En la Ciudad de México, Rubio sostuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum. La reunión se centró en la cooperación bilateral en materia de seguridad, la gestión de la migración y los mecanismos de intercambio de información entre agencias. Según fuentes oficiales, uno de los temas principales fue la posibilidad de firmar un memorando de entendimiento que permita fortalecer el flujo de inteligencia y coordinar esfuerzos en la lucha contra el tráfico de drogas y el lavado de dinero. La propuesta se ha presentado como un acuerdo de carácter administrativo, sin las implicaciones legales de un tratado formal, con el fin de respetar la soberanía mexicana.
El gobierno mexicano reiteró durante las conversaciones que no aceptará ningún tipo de intervención militar extranjera. Esta postura responde al reciente despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, una acción que forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico en la región. México ha subrayado la necesidad de mantener la cooperación con Washington dentro de los marcos diplomáticos, sin recurrir a medidas unilaterales que puedan generar tensiones.
Además de los temas de seguridad, la agenda bilateral incluyó el análisis de la migración irregular hacia Estados Unidos, un asunto que continúa siendo prioritario para ambos gobiernos. Rubio planteó la importancia de reforzar los programas de contención en la frontera sur de México y de ampliar los acuerdos para la repatriación ordenada de personas. La administración mexicana, por su parte, destacó los esfuerzos realizados en el marco de sus políticas migratorias y la necesidad de atender las causas estructurales de los desplazamientos, como la violencia y la falta de oportunidades en Centroamérica.
Otro punto abordado fue la situación comercial entre ambos países en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Las discusiones giraron en torno a los aranceles aplicados por la administración estadounidense a ciertos productos químicos vinculados con la producción de fentanilo, así como a las medidas que buscan reducir el contrabando de precursores químicos. El gobierno mexicano expresó su interés en que estas acciones no afecten el comercio legítimo ni a la industria farmacéutica nacional.
Rubio también planteó la necesidad de limitar la influencia de China en América Latina. De acuerdo con la postura de Washington, la creciente presencia económica y tecnológica de ese país en la región representa un desafío para la política exterior de Estados Unidos. México respondió señalando que su política comercial se mantiene abierta a distintos socios, siempre bajo un marco de respeto a su autonomía en las decisiones económicas.
En el terreno político, la visita del secretario de Estado se interpreta como un intento de reforzar los vínculos entre la administración de Trump y el gobierno de Sheinbaum, al tiempo que se envía un mensaje de unidad frente a los desafíos de seguridad compartidos. Analistas internacionales señalan que el diálogo entre ambos países será clave para definir los alcances de la cooperación, en particular en la lucha contra organizaciones del crimen transnacional.
Se espera que, tras concluir su visita a México, Rubio viaje a Ecuador como parte de una gira por América Latina. Será el tercer recorrido que realiza por la región desde que asumió el cargo, lo que evidencia la prioridad que la actual administración estadounidense otorga al hemisferio occidental en su política exterior.
