Varios establecimientos comerciales ubicados a lo largo de la avenida Insurgentes, particularmente en las inmediaciones de la estación Fuentes Brotantes del Metrobús, suspendieron actividades y cerraron sus accesos como medida preventiva ante la realización de la segunda marcha contra la gentrificación convocada por colectivos ciudadanos.
La movilización, organizada para visibilizar el impacto de proyectos inmobiliarios en zonas populares de la Ciudad de México, partió a las 15:00 horas desde la estación Fuentes Brotantes, en la alcaldía Tlalpan, y tuvo como ruta principal la avenida Insurgentes Sur, con destino final en la caseta del Caminero.
La protesta fue convocada por organizaciones vecinales que exigen la cancelación del desarrollo habitacional conocido como “Fuentes Brotantes 134”, al que señalan como un ejemplo del desplazamiento forzado que, aseguran, se ha intensificado en distintas zonas del sur de la capital a raíz del aumento de la renta, la especulación inmobiliaria y los cambios en el uso del suelo.
Durante el recorrido, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron un operativo de control de tránsito y acompañamiento para garantizar el libre paso de los contingentes. Además, se desplegaron brigadas de diálogo y personal de protección civil. La movilización se mantuvo bajo vigilancia y no se reportaron incidentes mayores, aunque se registró la atención médica a una persona que resultó herida por el impacto de un objeto.
En algunos tramos del trayecto se realizaron pintas en mobiliario urbano. Al llegar a la caseta del Caminero, el contingente fue encapsulado por elementos policiales, lo que generó tensiones momentáneas entre participantes y autoridades. Posteriormente, los organizadores decidieron regresar de manera pacífica hacia el punto de partida en Fuentes Brotantes.
La marcha se enmarca en una serie de acciones que buscan frenar los procesos de transformación urbana impulsados, según los manifestantes, por intereses privados en detrimento de los habitantes históricos de las zonas afectadas. Entre las demandas se encuentran regulaciones que controlen el alza de precios de alquiler, garantías de vivienda digna, y el respeto a los derechos de arraigo de las comunidades.
Los participantes señalaron que no se oponen al desarrollo urbano, sino a la manera en que se ejecutan los proyectos, sin consulta vecinal ni mecanismos de compensación para quienes resultan desplazados.
Esta manifestación es la segunda realizada durante el mes de julio con la misma consigna. En ambas han participado vecinos, estudiantes, colectivos urbanos y defensores del derecho a la vivienda.
