La Ley General de Aguas es una legislación pendiente que busca proteger el derecho humano al agua y regular la explotación de este recurso en México. La iniciativa ha sido discutida en el Congreso desde hace varios años, pero aún no ha sido aprobada.
El objetivo de esta ley es establecer un marco jurídico para la gestión sostenible del agua en el país, promoviendo su uso eficiente y equitativo, garantizando su acceso a toda la población y protegiéndola de la contaminación y el deterioro ambiental.
Uno de los principales puntos de discusión en torno a esta iniciativa es la participación de la sociedad civil y las comunidades en la toma de decisiones sobre el uso del agua en sus territorios. Se busca que la legislación reconozca la importancia de la gestión comunitaria del agua y se establezcan mecanismos para su promoción y fortalecimiento.
Además, la Ley General de Aguas también busca establecer un marco para la gestión de acuerdos internacionales relacionados con el agua, como el Convenio de Ramsar sobre humedales o la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La aprobación de esta ley es crucial para garantizar la sustentabilidad de los recursos hídricos en México y proteger el derecho humano al agua. Sin embargo, su aprobación ha enfrentado obstáculos debido a la resistencia de algunos grupos de interés y la falta de voluntad política para avanzar en su discusión y aprobación
