El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el senador Alejandro Moreno Cárdenas, declaró que México atraviesa una crisis relacionada con la presencia del crimen organizado en distintos niveles de gobierno.
Durante una conferencia de prensa, acompañado por integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y legisladores del PRI, Moreno señaló que, de acuerdo con cifras oficiales, se han registrado más de 220 mil homicidios y más de 125 mil personas desaparecidas en los últimos años.
Informó que el PRI presentó denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios públicos, exfuncionarios, legisladores, gobernadores y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como contra el senador Adán Augusto López Hernández. Las denuncias se basan en presuntos vínculos con organizaciones delictivas.
Entre los nombres mencionados se encuentran los gobernadores Américo Villarreal (Tamaulipas), Alfonso Durazo (Sonora), Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y Rutilio Escandón (Chiapas). También se incluyó a Andrés López Beltrán, hijo del expresidente, y a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
En relación con Adán Augusto López Hernández, Moreno solicitó su renuncia a la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado, argumentando que durante su gestión como secretario de Gobernación no hubo resultados en materia de seguridad. Añadió que existen actas constitutivas de empresas supuestamente relacionadas con él y con su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena.
Moreno mencionó reportes que, según dijo, vinculan al grupo delictivo conocido como “La Barredora” con la entrega de combustible al proyecto del Tren Maya. Afirmó que estos hechos también serán denunciados en instancias internacionales, como en Estados Unidos y la Corte Penal Internacional de La Haya.
Se refirió también al exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, a quien relacionó con investigaciones abiertas en torno a crímenes ocurridos en décadas pasadas.
Al referirse al proceso de desafuero en su contra, señaló que ya fue archivado y que no existen elementos legales para continuar con el procedimiento. Agregó que el PRI mantendrá su postura de presentar denuncias y solicitar investigaciones.
Finalmente, aseguró que su partido seguirá impulsando acciones legales ante los organismos correspondientes para que se realicen las investigaciones necesarias sobre los hechos señalados.
