El Senado se prepara para discutir la reforma a la Guardia Nacional, aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre. La iniciativa busca establecer legalmente el mando militar en la Guardia Nacional, un objetivo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido desde la creación de este cuerpo de seguridad.
La reforma es parte de un paquete de 20 iniciativas constitucionales enviadas por el presidente el 5 de febrero. Se propone modificar múltiples artículos de la Constitución, incluyendo el 21, que adscribiría la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta modificación establece a la Guardia como una fuerza de seguridad pública con personal militar capacitado en labores policiales.
Además, se otorgan nuevas facultades al Congreso para regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, algo que actualmente no tienen. La reforma también permite que el presidente disponga de las Fuerzas Armadas para seguridad pública, eliminando restricciones previas.
Desde su creación, la Guardia Nacional ha operado con un mando civil, aunque en la práctica está compuesta mayoritariamente por personal militar. Con la reforma, los elementos militares en la Guardia dejarían oficialmente su fuerza de origen, respetando sus derechos laborales. Sin embargo, esto podría no aplicar a elementos de la Secretaría de Marina, si se aprueba una reserva pendiente.
Además, el personal de la extinta Policía Federal deberá ser trasladado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que consolidaría el control de la Sedena sobre la Guardia Nacional.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que esta reforma formalizaría la militarización de la Guardia Nacional. A pesar de estas críticas, el presidente y la presidenta electa han afirmado que no hay un proceso de militarización, ya que el mando supremo de las Fuerzas Armadas recae en un civil.
La reforma también permite que la Guardia Nacional realice investigaciones de delitos bajo la dirección del Ministerio Público. Sin embargo, Amnistía Internacional ha señalado que esto va en contra de principios de derecho internacional que estipulan que las Fuerzas Armadas no deben participar en funciones de justicia.
Asimismo, los cambios al artículo 13 permitirían que los elementos de la Guardia sean juzgados en tribunales militares, lo que plantea preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas. La organización Centro Prodh ha indicado que no hay garantías de imparcialidad en la justicia militar.
En el periodo de enero de 2019 a julio de 2024, la Guardia Nacional ha recibido mil 772 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras que la Sedena acumula 2 mil 280 quejas.
