Los gobiernos de México y Estados Unidos formalizaron un acuerdo para conectar sus plataformas de inteligencia y análisis con el fin de detectar y neutralizar el uso de drones por parte de grupos delictivos en la frontera común. Esta resolución se alcanzó durante la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG), celebrada en la Ciudad de México el pasado 11 de diciembre de 2025.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó en conferencia de prensa que el uso de sistemas aéreos no tripulados por parte de organizaciones criminales fue un punto central en la agenda de seguridad binacional. Según las declaraciones de la mandataria, este fenómeno no se había abordado directamente en encuentros previos, pero se incluyó a petición de las autoridades estadounidenses ante el incremento de vuelos y ataques con estos dispositivos en la zona fronteriza.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó a través de un comunicado que la colaboración se centrará en el intercambio de información técnica y operativa para anticipar respuestas ante amenazas emergentes. Además de la vigilancia aérea, ambas delegaciones establecieron compromisos para agilizar los procesos de extradición, intensificar las investigaciones sobre el robo de combustible (huachicol) y desmantelar los flujos financieros de las organizaciones dedicadas al tráfico de fentanilo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México precisó que estas acciones se fundamentan en los principios de respeto a la soberanía nacional y responsabilidad compartida. Por su parte, el gobierno estadounidense reiteró su prioridad de reducir la entrada de opioides sintéticos, tema que adquirió relevancia tras la reciente orden ejecutiva que clasifica al fentanilo como una amenaza de alta prioridad para la seguridad pública en su territorio.
Ambas naciones programaron una nueva sesión de trabajo para enero de 2026, con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de estas herramientas tecnológicas y evaluar los resultados en el combate a la infraestructura logística del crimen organizado.
