La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión con 343 votos a favor y 129 en contra, sin abstenciones. Con esta iniciativa, la legislación vigente desde 2014 desaparece y se incorporan principios vinculantes para el uso del espectro radioeléctrico, redes públicas y servicios por satélite. Además, se establece la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y una nueva comisión reguladora.
Dentro del nuevo marco normativo, los concesionarios de servicios de telecomunicaciones deberán cooperar con las autoridades judiciales en términos de geolocalización de dispositivos móviles, mediante solicitudes judiciales debidamente fundadas. Se prevé que este mecanismo sirva para combatir delitos de alto impacto, aunque sectores ciudadanos advirtieron que podría propiciar controles de vigilancia más extensivos.
Entre los objetivos declarados están el impulso de la conectividad en zonas vulnerables, el acceso a internet para comunidades marginadas y personas con discapacidad, así como el fortalecimiento del derecho a la información. La ley también hace una distinción explícita entre información y opinión en los medios, y fija restricciones a la propaganda política extranjera describiéndola como amenaza a la soberanía.
Durante la sesión de aprobación, la presidenta del Ejecutivo defendió la iniciativa, señalando que no pretende vetar ni censurar, y que cualquier intervención judicial requeriría mandato emitido por autoridad judicial. Por su parte, representantes de empresas del sector enfatizaron que la ley busca seguridad jurídica para operar y modernización del sistema de telecomunicaciones del país.
