El exministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Yong Hyun, fue arrestado el martes como parte de las investigaciones sobre la fallida ley marcial declarada el 3 de diciembre. Esta es la primera detención vinculada a este caso, que ha generado una crisis política en el país. Los fiscales surcoreanos disponen de un plazo de 20 días para investigar a Kim y determinar si presentarán cargos en su contra por rebelión o abuso de poder.
Kim, quien se encuentra detenido desde el domingo, es acusado de haber sugerido la imposición de la ley marcial al presidente Yoon Suk Yeol y de haber dirigido el despliegue de tropas al Parlamento para evitar que los legisladores votaran sobre la medida. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno fueron insuficientes, ya que el Parlamento logró reunir los votos necesarios para rechazar el decreto, lo que obligó a levantar la ley marcial antes del amanecer del 4 de diciembre.
En un comunicado, Kim asumió toda la responsabilidad por los hechos y ofreció disculpas por los trastornos causados. También pidió clemencia para los soldados involucrados, alegando que solo actuaron bajo órdenes superiores. Además de los cargos de abuso de poder, Kim está siendo investigado por su supuesta participación en un intento de derrocar el orden constitucional, en colaboración con el presidente Yoon y otros funcionarios.
La ley marcial, que fue la primera en Corea del Sur en más de 40 años, duró solo unas horas, pero desató una ola de protestas y controversia. Expertos y partidos de oposición han señalado que fue una medida inconstitucional, ya que el uso del ejército para suspender las actividades del Parlamento está prohibido por la Constitución, salvo en situaciones de guerra o emergencia nacional.
El Partido Democrático, principal fuerza opositora, ha solicitado la designación de un fiscal especial para investigar al presidente Yoon y a otros responsables del gobierno por la imposición de la ley marcial. En medio de esta crisis, Yoon ha enfrentado intentos de destitución y presiones para remover a varios miembros de su gabinete.
Aunque la ley surcoreana otorga inmunidad al presidente mientras esté en funciones, esta no se aplica en casos de acusaciones de rebelión o traición. Esto ha abierto el debate sobre si las autoridades podrían tomar acciones contra Yoon, aunque muchos dudan que se llegue a una detención, dada la protección y seguridad que lo rodea.
