Por Jorge A. Rosas.
En la antigua Roma, cuando había una reunión y en la puerta de la entrada se colgaba una rosa, los temas tratados eran confidenciales. (sub rosae).
La extinción de fideicomisos del Poder Judicial, austeridad disfrazada de castigo…
El pasado 17 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se reforman artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se extinguen 13 de los 14 fideicomisos que tenía el Poder Judicial para su operación.
Si bien el procedimiento legislativo aún no está concluido, porque aún falta la discusión y aprobación del Senado, el tema ha obligado al Poder Judicial de la Federación a un paro nacional del 19 al 24 de octubre de este año.
Lo anterior no es un caso menor porque, de por sí, en los últimos meses la confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial de la Federación ha venido ocupando cada vez más espacios en la agenda pública, hoy, se abre un frente que tarde o temprano terminará pasando la factura a la figura presidencial y al partido en el poder.
No debemos olvidar que la división de poderes que hoy tenemos se remonta a la lucha de miles de mexicanos que decidieron colocar candados para no dejar el poder en manos de un solo hombre, lo curioso es que muchos mexicanos tenemos la idea que el presidente de la República es quien determina todo lo que pasa en el país y es capaz de hacer lo que se le ocurra, pese a que el poder está dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial que se supone son autónomos entre sí.
La eliminación de 13 fideicomisos, que suman 15 mil millones de pesos, ha sido un tema de discusión que incluso obligó ayer a cientos de trabajadores a salir a las calles a protestar por los derechos ganados, mientras que para otros fue para defender las prebendas y lujos a los que tienen acceso.
Sustentados en la narrativa de que dichos fideicomisos son utilizados para financiar los “privilegios” de jueces o servidores públicos que integran este poder, los diputados federales de Morena y el propio presidente de la República han salido a fortalecer la idea popular que dentro del servicio público no se puede aspirar a un sueldo por aptitudes o experiencia y que quienes vivan del servicio público, deben hacerlo más por vocación, evitando a toda costa hacerlo para tener una vida de superación.
Esa narrativa, es compartida por miles de mexicanos que, cansados de los excesos de la clase política, hoy trasladan esa disculpa para pasar por alto a los derechos de cientos de trabajadores, en su mayoría operativos, del Poder Judicial de la Federación.
Si bien es cierto la impartición de justicia es un tema de suma importancia y considerado como una asignatura pendiente entre miles de mexicanos, no podemos confundir el Poder Judicial con el actuar de policías municipales, estatales, ministerios públicos, o fiscalías, ya que todos ellos no dependen de este poder, por el contrario, es el Poder Judicial quien define y determina el adecuado actuar o no de dichos organismos.
Si el propósito de la extinción de los fideicomisos es impulsar la transparencia o el adecuado uso de recursos púbicos, el poder ejecutivo, entiéndase el presidente de la República está obligado a respetar la autonomía de uno de los tres poderes que integran nuestro gobierno.
La capacidad de autodeterminación debería ser entonces la premisa sobre la cual los integrantes del poder judicial deberían trabajar y no bajo amenazas o acosos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, que olvida, cuando les conviene, que los fideicomisos son instrumentos financieros con reglas específicas distintas a la normativa presupuestal y que tienen objetivos particulares, como ellos mismos defienden en el caso del Tren Maya.
Al menos 6 de los fideicomisos que podrían desaparecer están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.
Lejos de lo que se pretende argumentar, los fideicomisos no son para el pago de prestaciones de ministras y ministros.
Disfrazada de “austeridad”, los diputados de Morena han pretendido justificar la desaparición de estos fideicomisos que, en el fondo pareciera, no es otra cosa que debilitar y asumir el control del Poder Judicial, que hasta el momento les ha sido negado.
Hablar de austeridad, como lo ha venido haciendo el gobierno actual, no ha demostrado en ningún momento los resultados que se quieren, por el contrario, en poco más de un año, el supuesto ahorro que se ha vendido a través de la propaganda gubernamental dista mucho de ser un instrumento de cambio en el bienestar social y como prueba están los recursos de los 119 fideicomisos eliminados al principio de este gobierno, que hoy están perdidos en medio de la opacidad.
Más allá de si estamos de acuerdo o no con la popularidad de un gobernante, la autonomía de las instituciones tiene que construirse siempre pensando en la legitimación de un gobierno democrático, hacerlo de otra forma, es un latente peligro de regresión al poder de un solo hombre.
Y eso, no le conviene a nadie, menos aún a un país que hoy se jacta de vivir una nueva transformación.
