Una mujer de 96 años tuvo que ser trasladada en camilla a una sucursal del banco BBVA en el estado de Oaxaca, luego de que la institución financiera rechazara el uso de representación legal para completar una verificación biométrica, necesaria para mantener activa su pensión. La escena, captada en video, muestra a personal médico ingresando al banco junto a la adulta mayor, mientras empleados de la sucursal intentan continuar con el trámite.
El caso fue denunciado por los familiares, quienes aseguran haber presentado un poder notarial y certificados médicos que explicaban la imposibilidad de la mujer para desplazarse por su cuenta. Sin embargo, el banco solicitó su presencia física como requisito indispensable para validar sus datos biométricos, parte de un proceso de actualización de identidad implementado a nivel nacional.
El incidente fue difundido por medios locales y posteriormente alcanzó atención nacional y viralidad en redes sociales, donde usuarios expresaron su indignación y cuestionaron la rigidez de los protocolos bancarios en casos que involucran a personas con movilidad reducida. Algunos calificaron la situación como una forma de violencia institucional hacia los adultos mayores.
Ante la ola de críticas, organismos civiles y defensores de derechos humanos exigieron una revisión inmediata de los lineamientos que exigen la presencia física en condiciones donde las personas claramente se encuentran en estado de vulnerabilidad. Expertos en derechos financieros señalaron la necesidad urgente de adaptar procesos para personas adultas mayores o con discapacidad.
Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informó que solicitó un informe oficial a BBVA sobre el incidente. La institución también anunció que podría emitir nuevas recomendaciones dirigidas a todas las entidades bancarias, con el objetivo de garantizar que los adultos mayores puedan acceder a sus servicios sin poner en riesgo su salud ni su dignidad.
El caso ha reavivado el debate sobre la accesibilidad financiera y los derechos de las personas mayores en México, especialmente en un contexto donde el acceso digital y las alternativas a la verificación presencial siguen siendo limitadas para sectores vulnerables.
