El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exigió al gobierno de México una rectificación pública luego de que autoridades mexicanas vincularan una avioneta relacionada con el narcotráfico con la Fuerza Aérea Salvadoreña. La aeronave fue asegurada en Chiapas el pasado 2 de julio con una carga de droga y, según información inicial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), había pertenecido al ejército salvadoreño.
La declaración provocó una reacción inmediata del gobierno salvadoreño, que rechazó cualquier relación con la aeronave y aseguró que esta fue dada de baja desde 2013. La cancillería salvadoreña convocó al embajador de México en San Salvador, Ricardo Cantú Garza, para entregar una nota de protesta oficial, en la que solicita al gobierno mexicano “aclarar los hechos y corregir la información difundida”.
Según el reporte de Sedena, la avioneta tipo Cessna fue interceptada durante una operación de vigilancia en el estado de Chiapas. En el interior se halló un cargamento de droga y la aeronave presentaba emblemas similares a los utilizados por la Fuerza Aérea de El Salvador. Esta información fue difundida por medios mexicanos y replicada por agencias internacionales.
No obstante, el Ministerio de Defensa de El Salvador emitió un comunicado indicando que la aeronave, con matrícula FAS-1192, formó parte de su flota militar hasta 2013, cuando fue retirada del servicio, desmantelada y subastada como chatarra. Según la versión salvadoreña, desde entonces ha estado fuera del control del Estado y su posterior uso no guarda vínculo con las Fuerzas Armadas.
El presidente Bukele calificó el señalamiento como “irresponsable” y exigió una disculpa pública por parte de las autoridades mexicanas. A través de redes sociales, el mandatario reiteró que su gobierno no permitirá “acusaciones infundadas” que afecten la imagen de sus instituciones militares.
La situación generó tensiones diplomáticas entre ambos países, aunque hasta el momento no se ha producido una declaración oficial por parte del gobierno mexicano en respuesta a la solicitud de rectificación. El embajador Cantú Garza fue citado a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para recibir formalmente la protesta.
Este episodio ocurre en un contexto de cooperación regional en materia de seguridad y combate al narcotráfico, donde México y El Salvador han mantenido una relación bilateral en foros multilaterales y acuerdos operativos. La controversia sobre la avioneta podría poner a prueba estos vínculos, especialmente si no se resuelve mediante los canales diplomáticos correspondientes.
Organismos regionales han hecho un llamado a manejar el conflicto dentro del marco del respeto institucional y la transparencia, evitando que hechos de esta naturaleza escalen en la relación bilateral. Analistas internacionales han señalado que este tipo de incidentes refuerzan la necesidad de establecer protocolos de verificación antes de emitir señalamientos públicos entre gobiernos.
Hasta el momento, la Sedena no ha emitido una corrección formal ni ha aclarado si los símbolos identificados en la aeronave fueron colocados de manera apócrifa o si existe un historial verificable de su propiedad más allá del registro salvadoreño.
La aeronave continúa bajo resguardo de las autoridades mexicanas, mientras avanza la investigación sobre su uso actual, la procedencia de la droga y los responsables de su operación.
