El gobierno federal ha ofrecido apoyo a Esmeralda, una adolescente de 14 años que enfrenta una acusación de homicidio tras sufrir un aborto espontáneo en Querétaro. Esta situación ha generado una fuerte controversia y reacciones en todo el país, ya que la joven podría enfrentar hasta tres años de prisión y una solicitud de reparación de daños por 500 mil pesos, dirigida al supuesto violador.
Durante una conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo a la criminalización de la menor, subrayando que no se debe penalizar a una niña en estas circunstancias. El gobierno federal se ha comprometido a proporcionar apoyo legal a Esmeralda y su familia, buscando proteger sus derechos y evitar que sea revictimizada.
Además, esta situación ha reavivado el debate sobre la despenalización del aborto en México, especialmente en estados donde aún se investiga a mujeres por este delito. En Querétaro, el aborto es considerado un delito, y la legislación actual permite penas de hasta tres años de prisión. Sin embargo, en abril, se emitió un amparo que cuestionó la constitucionalidad de estas leyes, instando al Congreso estatal a revisarlas.
El caso de Esmeralda en Querétaro destaca los desafíos legales que enfrentan las menores en relación con el aborto en México. La situación ha suscitado la necesidad de revisar las políticas actuales para proteger los derechos de las niñas. Es esencial que se desarrolle un marco legal que priorice su bienestar y evite la criminalización en situaciones de abuso. La respuesta a este caso podría influir en el futuro del debate sobre la despenalización del aborto en el país.