En México, el 69% de las personas que hablan una lengua indígena se encuentran en situación de pobreza, según los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esta cifra destaca una disparidad significativa en comparación con el promedio nacional.
Máximo Jaramillo, director del Instituto de Estudios sobre Desigualdad y profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, explica que el racismo y la discriminación influyen negativamente en las oportunidades económicas de estas personas. Jaramillo menciona que estas barreras contribuyen a elevados indicadores de pobreza, no por la menor productividad de los hablantes de lenguas indígenas, sino por las limitaciones socioeconómicas y las carencias sociales que enfrentan.
José Antonio Salazar Andreu, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, también señala que las condiciones económicas desfavorecidas están relacionadas con factores sociales y económicos específicos de esta población.
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 revela que el ingreso promedio trimestral de una mujer no indígena es de 21,110 pesos, mientras que para aquellas que hablan una lengua indígena el promedio es de 9,822 pesos. En el caso de los hombres, la diferencia es de 14,606 pesos: los hombres no indígenas ganan en promedio 31,887 pesos, mientras que los hablantes de lenguas indígenas obtienen 17,281 pesos.
Jaramillo también destaca que los hablantes de lenguas indígenas enfrentan desafíos en el ámbito laboral y educativo, así como el riesgo de despojo de sus tierras y propiedades, afectando sus medios de subsistencia.
En cuanto a las brechas en salud y seguridad social, el Coneval informa que la población vulnerable debido a carencias sociales aumentó un 15.9% entre 2018 y 2022, pasando de 32.7 millones a 37.9 millones de personas. En contraste, la población no pobre y no vulnerable creció un 19.1% en el mismo periodo, subiendo de 29.3 millones a 34.9 millones.
La medición de 2022 muestra que el 39.1% de la población carece de acceso a servicios de salud, un aumento respecto al 16.5% en 2018. Salazar Andreu atribuye este incremento a la informalidad laboral y la falta de inversión suficiente en el sector salud.
-Fuente: La Jornada.
