La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este lunes examinar la validez de una política migratoria que permite a las autoridades federales limitar el número de solicitudes de asilo procesadas en los puertos de entrada de la frontera con México.
El tribunal aceptó la apelación presentada por la administración de Donald Trump contra un fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, emitido en 2024, que declaró ilegal la práctica conocida como “metering”. Esta medida, implementada inicialmente en 2016 durante la presidencia de Barack Obama ante un aumento de llegadas de haitianos a San Ysidro, California, y formalizada en 2018 bajo el primer mandato de Trump, autorizaba a agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a rechazar inspecciones a solicitantes de asilo si los puertos operativos alcanzaban su capacidad diaria.
La demanda originaria, presentada en 2017 en un tribunal federal de California por la organización Al Otro Lado y un grupo de solicitantes de asilo, argumentó que el “metering” contraviene la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que obliga a inspeccionar a cualquier no ciudadano que “llegue” a un puerto de entrada para buscar protección. El Noveno Circuito, en una decisión dividida 2-1, respaldó esta interpretación y rechazó que “llegar” equivalga solo a cruzar físicamente la línea fronteriza.
El Departamento de Justicia, en su petición de julio de 2025, sostuvo que la política representa una herramienta esencial para gestionar flujos migratorios en la frontera sur y que la definición de “llegar” debe limitarse a la entrada efectiva en territorio estadounidense. Aunque el gobierno de Joe Biden eliminó el “metering” en noviembre de 2021 e introdujo un sistema de citas vía la aplicación CBP One —con cupos diarios que obligaron a miles a esperar en México—, la administración Trump actual indicó que podría reactivarla ante condiciones de alta demanda en la frontera.
Al Otro Lado y defensores de migrantes advirtieron en sus argumentos ante la Corte que el caso carece de relevancia inmediata, ya que la política no está activa, y que su revisión podría legitimar bloqueos indefinidos al proceso de asilo. La Corte Suprema programó audiencias orales para el próximo año, con una resolución esperada antes de finales de junio de 2026. Este caso se separa de otra orden ejecutiva de Trump de enero de 2025, que declara una emergencia fronteriza y suspende el asilo por considerarlo perjudicial a los intereses nacionales, la cual enfrenta litigios paralelos en tribunales inferiores.
