La Corte Suprema de Estados Unidos anunció el 3 de julio de 2025 que revisará la constitucionalidad de las leyes estatales de Idaho y Virginia Occidental que prohíben la participación de atletas transgénero en competencias deportivas femeninas. Este caso, que involucra a las estudiantes transgénero Lindsay Hecox y Becky Pepper-Jackson, busca determinar si dichas restricciones violan el Título IX, una ley federal que prohíbe la discriminación por sexo en programas educativos que reciben fondos federales.
Más de 20 estados han implementado leyes similares en los últimos años, argumentando que la participación de atletas transgénero asignadas como hombres al nacer podría generar desventajas en competencias femeninas. Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a las atletas, sostiene que estas prohibiciones son discriminatorias y afectan negativamente la inclusión en el deporte escolar.
La decisión de la Corte Suprema, de mayoría conservadora, se produce tras fallos recientes que respaldaron una ley de Tennessee que prohíbe tratamientos de transición de género para menores y una iniciativa que excluye a personas transgénero del servicio militar. Los argumentos orales están programados para finales de 2025, con una resolución esperada para junio de 2026.
La controversia se intensifica con acciones como la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, firmada en febrero de 2025, que prohíbe a atletas transgénero competir en deportes femeninos y amenaza con retirar fondos federales a instituciones que no cumplan. La Universidad de Pensilvania, por ejemplo, decidió recientemente excluir a atletas transgénero de sus equipos femeninos y anular récords establecidos por la nadadora Lia Thomas tras presiones federales.
