La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió de manera unánime desestimar la demanda civil que el gobierno de México presentó contra diez fabricantes y vendedores de armas. Con esta decisión, se concluye el proceso legal iniciado en 2021, en el que se buscaba responsabilizar a las empresas por el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano.
La resolución fue redactada por la jueza Elena Kagan y concluye que los argumentos presentados por México no establecen una base legal suficiente para proceder contra las compañías señaladas. Entre las empresas mencionadas se encuentran Smith & Wesson, Glock, Colt y Beretta.
Según la demanda, México sostenía que estas empresas mantenían prácticas de distribución que facilitaban la venta indirecta de armas a grupos del crimen organizado. Además, argumentaba que algunos modelos estaban diseñados para atraer a ciertos sectores vinculados al narcotráfico, por incluir elementos ornamentales como grabados o recubrimientos metálicos.
La Corte estableció que no existe fundamento jurídico para atribuir responsabilidad a los fabricantes por el uso posterior que se haga de sus productos. Con esta decisión, se descarta la posibilidad de una indemnización económica o la imposición de medidas correctivas a la industria armamentista por parte del gobierno mexicano.
El caso había avanzado previamente en cortes de apelaciones, pero la resolución de la Suprema Corte representa el cierre definitivo del proceso. El gobierno mexicano buscaba establecer un precedente legal que obligara a la industria a modificar sus esquemas de producción y distribución.
Durante el litigio, se presentó información que señala que más de 180 mil homicidios en México entre 2007 y 2019 fueron cometidos con armas fabricadas en Estados Unidos. No obstante, la Corte concluyó que los fabricantes operan dentro del marco legal de su país y que el problema radica en la ruta de tráfico ilegal, fuera de su responsabilidad directa.
Las empresas demandadas celebraron el fallo y reiteraron que sus operaciones se apegan a la legalidad. El gobierno mexicano no tiene más instancias a las cuales recurrir para continuar el litigio.