El Parlamento Europeo aprobó una reforma que elimina la prescripción de delitos de abuso sexual infantil, permitiendo su persecución sin importar el tiempo transcurrido. Con 599 votos a favor, dos en contra y 62 abstenciones, la medida busca garantizar justicia para las víctimas, pero ha generado controversia por su posible aplicación retroactiva y los desafíos legales que implica en distintos países.
La legislación reconoce como delitos graves los abusos cometidos en internet, incluyendo el grooming y las imágenes generadas por inteligencia artificial, equiparándolos a los abusos físicos. Además, redefine el concepto de consentimiento en menores, estableciendo criterios más estrictos para proteger a las víctimas. La reforma responde a una demanda histórica de colectivos que buscan combatir la impunidad en estos casos.
Desde España, la activista Patricia Cardona, del movimiento Brave, celebró la aprobación, destacando que las voces de las víctimas han sido escuchadas. Sin embargo, críticos señalan que la implementación enfrentará obstáculos legales y prácticos en sistemas judiciales nacionales, lo que podría limitar su efectividad. La reforma abre un debate sobre el equilibrio entre justicia y los derechos procesales de los acusados.