Al menos 27 personas fueron presentadas ante jueces de control este 19 de noviembre por su presunta participación en los disturbios que siguieron a la marcha del 15 de noviembre en la Ciudad de México. En la audiencia se les imputan cargos que van desde lesiones hasta robo, según reportes publicados por Excélsior. Algunos de los detenidos aseguran que fueron arrestados sin pruebas claras, y defensores legales han cuestionado la forma en que se llevaron a cabo algunas detenciones.
Las cifras difundidas han generado discrepancias: mientras la Fiscalía General de la Ciudad de México habla de 18 arrestos, los abogados defensores sostienen que son 27, y algunos argumentan que hubo identificaciones erróneas o detenciones arbitrarias. Además, se ha denunciado la falta de transparencia en los procesos judiciales y la posibilidad de que parte de los arrestos no respondan a actos delictivos concretos sino a manifestaciones legítimas.
Este episodio ha reavivado el debate público sobre los límites del derecho a protestar y el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Legisladores y analistas han indicado que es urgente establecer mecanismos institucionales más equilibrados: por un lado, que se respete la protesta pacífica; por otro, que se garantice la seguridad y se investiguen posibles excesos sin criminalizar la disidencia social.
