El pleno de la Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad la reforma que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la cual endurece las sanciones por ese delito, estableciendo penas de hasta 42 años de prisión en los casos más graves.
Según lo aprobado, la penalidad base para quienes cometan extorsión va de 15 a 25 años de cárcel y una multa de hasta 500 veces el valor diario de la UMA. En situaciones agravadas —como cuando se emplee violencia física, se trate de “cobro de piso”, amenazas desde cárceles, extorsión a sectores vulnerables (migrantes, menores, adultos mayores, etc.) o utilización de medios coercitivos como “montachoques” o “montadeudas”— las penas podrán elevarse hasta 42 años, sin posibilidad de preliberación, conmutación o reducción.
La legislación busca homologar el tipo penal a nivel federal en todo el país, facilitar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y permitir la persecución de oficio del delito. Además, contempla sanciones también para funcionarios públicos —policías, custodios, jueces o ministerios públicos— que omitan denunciar o investiguen actos de extorsión.
Las reformas ahora serán turnadas al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial y entrada en vigor. Legisladores que defendieron la ley aseguraron que esta medida es “una respuesta integral” al incremento sostenido de extorsiones en México, un delito que afecta especialmente a comerciantes, productores, transportistas y comunidades vulnerables.
