El Congreso de la República del Perú aprobó la destitución de José Jerí, quien se desempeñaba como presidente de facto del país, en una sesión plenaria celebrada el 18 de febrero de 2026. La decisión responde a un proceso político y de control constitucional en el que la mayoría de legisladores determinó que Jerí ya no reunía las condiciones para continuar en el cargo.
La medida fue adoptada por el pleno del Congreso tras un debate en torno a la legitimidad del gobierno de Jerí, cuyo ascenso al poder había sido cuestionado por diversos actores políticos y sociales. Legisladores argumentaron que la gestión carecía de respaldo ciudadano y que existían “motivos graves” para proceder con una separación anticipada del mandatario.
La destitución implica la finalización inmediata de las funciones de Jerí como jefe del Estado y del gobierno peruano, lo que abrió el camino para que se active el procedimiento constitucional correspondiente para definir la sucesión presidencial. En ese marco, el Congreso evaluó distintas alternativas para asegurar la continuidad institucional y evitar un vacío de poder.
Diversos sectores políticos y organizaciones civiles en Perú se pronunciaron en torno a la decisión, resaltando la importancia de respetar los mecanismos constitucionales para la transición de mando y la defensa del estado de derecho. Por su parte, miembros de la oposición celebraron la remoción como una medida correctiva ante lo que señalaron como un ejercicio poco representativo del poder ejecutivo.
La destitución de Jerí ocurre en medio de un clima político tenso en el país, con reclamos de distintos grupos sociales y llamados a la calma y al diálogo para afrontar la crisis institucional en curso. En los días posteriores al fallo, el Congreso se preparaba para designar a un presidente interino o a una autoridad que encabece el Ejecutivo hasta la convocatoria de nuevas elecciones, conforme a las normas constitucionales peruanas.
