Desde 2014, documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) registran la presencia de 18 agrupaciones consideradas por las autoridades como “anarquistas”, de las cuales siete fueron clasificadas como “radicales”. Los informes señalan que estas organizaciones han mantenido actividad constante durante más de una década y que sus integrantes operan de manera dispersa en diferentes entidades del país. Las dependencias federales han documentado que estos colectivos funcionan sin estructuras jerárquicas tradicionales y que sus acciones suelen organizarse mediante redes pequeñas, lo que dificulta su localización e inhibe la posibilidad de establecer un mapa claro de su funcionamiento.
La información oficial indica que estos grupos han sido vinculados con protestas, pintas en instalaciones públicas, detonaciones de artefactos explosivos de baja potencia y confrontaciones con cuerpos policiales. Las autoridades señalan que su actividad se ha registrado en al menos 14 estados, lo que muestra una presencia territorial amplia en comparación con otros movimientos de carácter similar. A pesar de que la mayoría de los incidentes atribuidos a estas organizaciones no ha resultado en daños mayores, los reportes oficiales destacan que su modus operandi ha obligado a reforzar medidas de vigilancia en centros urbanos durante manifestaciones y actos públicos, especialmente en fechas conmemorativas o en contextos de tensión social.
Analistas consultados por diversas instituciones especializadas destacan que la continuidad de estos grupos podría estar relacionada con factores políticos. Señalan que la catalogación y seguimiento de estas organizaciones ha sido utilizada por distintos gobiernos como un elemento para contextualizar episodios de protesta social y, en algunos casos, para argumentar la existencia de focos de riesgo dentro de movilizaciones más amplias. De acuerdo con los documentos oficiales, algunos actores consideran que la presencia de estas agrupaciones podría ser empleada para desacreditar movimientos ciudadanos de carácter legítimo, al asociarlos indirectamente con acciones violentas.
