Tras 36 años de historia, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) enfrenta un momento crucial en su existencia política. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha comunicado oficialmente al PRD el inicio de la “fase de prevención”. Esta medida implica la designación de un interventor para administrar las finanzas del partido, luego de que este no alcanzara el umbral del 3% de la votación nacional en las recientes elecciones.
El anuncio del INE ha llegado después de que se filtrara a los medios de comunicación la notificación emitida por la Unidad Técnica de Fiscalización del instituto electoral, responsable de velar por los activos financieros del partido. Aunque el PRD registra aproximadamente el 2.43% de las votaciones en los cómputos distritales, confía en que la revisión de los resultados le permita mantener su registro como partido político.
La intervención financiera será temporal, y se espera que el interventor designado se ocupe de gestionar el pago de nóminas, impuestos y servicios mínimos necesarios para garantizar el funcionamiento básico del partido. Sin embargo, este proceso estará supeditado a la validación por parte del Tribunal Electoral, la máxima autoridad en la materia, que deberá resolver las impugnaciones presentadas y validar los resultados definitivos de las elecciones.
Aunque el PRD enfrenta la posibilidad de perder su registro como partido político a nivel nacional, podría conservar su estatus como partido local en aquellos estados donde haya obtenido un porcentaje mayor al 3% y haya postulado candidatos propios en elecciones anteriores. Sin embargo, su futuro como fuerza política nacional está sujeto a la decisión del Tribunal Electoral, cuyo fallo se espera antes de que el nuevo Congreso tome posesión el próximo 1 de septiembre.
La pérdida de registro del PRD, en caso de confirmarse, representaría un hito significativo en el panorama político mexicano. Fundado hace más de tres décadas, el PRD ha sido un referente histórico de la izquierda en el país. Ante este escenario, el partido ha adelantado la posibilidad de una “refundación”, bajo otro nombre y con la intención de posicionarse como una opción política ciudadana.
