El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, declaró la ley marcial en una transmisión televisiva la noche del martes, disolviendo el parlamento y suspendiendo los derechos de manifestación, asamblea y libertad de prensa. Justificó la medida como necesaria para proteger la “democracia liberal” de supuestas amenazas internas, señalando a opositores políticos como responsables de un bloqueo institucional.
Tras la declaración, el ejército rodeó el parlamento, donde los diputados se mantuvieron en el recinto. La Asamblea Nacional declaró ilegal la ley marcial en una votación realizada pasada la medianoche, desafiando la prohibición impuesta por el mandatario. Este enfrentamiento abre un choque de legitimidades que podría escalar a movilizaciones populares.
Entre las razones señaladas por Yoon para la medida figuran el bloqueo de los presupuestos generales y la destitución de fiscales que investigan al líder de la oposición, Lee Jae Myung, quien recientemente sufrió un atentado y enfrenta una condena recurrida.
La decisión de Yoon coincide con tensiones internacionales, como la supuesta presencia de tropas norcoreanas en Rusia y recientes reuniones de representantes militares de Corea del Norte y Rusia.
De acuerdo con la Constitución surcoreana, la ley marcial requiere la aprobación de la Asamblea Nacional para su mantenimiento. El contexto plantea interrogantes sobre la estabilidad democrática en el país, tras décadas de dictaduras militares superadas en los años ochenta.
